En una histórica votación unánime, el Senado de la Nación aprobó la Ley de Emergencia en Discapacidad, un reclamo sostenido durante meses por organizaciones, familias y prestadores de todo el país. La norma obtuvo 56 votos afirmativos, sin votos en contra ni abstenciones, y fue respaldada con una masiva movilización en la Plaza de los Dos Congresos. La nueva ley establece aumentos urgentes para prestadores de salud, educación, rehabilitación y transporte, cuyos ingresos permanecen congelados desde diciembre. También corrige restricciones impuestas por el Ejecutivo en el acceso a pensiones por invalidez. Sin embargo, el presidente Javier Milei ya anticipó que vetará el paquete aprobado este jueves en la Cámara alta, lo que encendió la alarma en el sector. “Esta ley es como un salvavidas”, expresó Daniel Ramos, presidente del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS). “No tenemos mucho tiempo más para seguir funcionando. El ajuste fiscal no puede sostenerse sobre el padecimiento de las personas”. Un sistema al límite   El proyecto aprobado contempla dos ejes centrales: Recomposición urgente a prestadores: Se trata de más de 100.000 puestos laborales vinculados a la atención de 250.000 personas. Sus ingresos arrastran un retraso de casi 70 puntos frente a la inflación. La ley obliga a actualizar mensualmente el valor de los servicios según el IPC y establece un bono compensatorio por los meses de atraso.Protección de pensiones por invalidez: Reversa las medidas del Gobierno que endurecían el acceso, entre ellas la incompatibilidad con el empleo formal. A partir de ahora, bastará con el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Según proyecciones del Congreso, la medida permitiría incorporar entre 493.000 y 946.000 personas al sistema previsional, con un impacto fiscal de entre el 0,22% y el 0,42% del PBI, que sería cubierto con reasignación de partidas. El respaldo en la calle La aprobación fue celebrada por múltiples organizaciones y movilizaciones que se replicaron en varias provincias del país, bajo la consigna “¡Todos unidos por la Emergencia en Discapacidad!”. En Buenos Aires, miles de personas acompañaron la sesión desde las inmediaciones del Congreso. “Hace décadas, las personas con discapacidad estaban invisibilizadas. Logramos avanzar, y ahora quieren hacernos retroceder”, expresó Eduardo Maidana, director de Aiepesa. Por su parte, desde REDI (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad) advirtieron: “Nos mantenemos alertas. Si el Ejecutivo veta esta ley, exigimos que Diputados actúe en defensa de nuestros derechos. Nada sobre nosotros, sin nosotros”. Mientras la ley representa un avance significativo para uno de los sectores más golpeados por el ajuste, su aplicación dependerá ahora de la decisión del Ejecutivo. El conflicto entre el Congreso y el Presidente suma un nuevo capítulo, con la vulnerabilidad social nuevamente en el centro del debate.
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