Empresarios del transporte alertan que el 80% de las compañías del interior está en crisis y advierten que, sin medidas urgentes, el sistema podría colapsar en los próximos días.

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El sistema de transporte público del interior del país atraviesa una de sus peores crisis en años y se encuentra al borde del colapso, según advirtieron cámaras empresariales del sector. La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) señaló que la mayoría de las empresas enfrenta serias dificultades para sostener el servicio.

De acuerdo con el diagnóstico del sector, la combinación de aumento de costos, caída de pasajeros y falta de subsidios suficientes generó un escenario crítico que pone en riesgo la continuidad del transporte en numerosas provincias. En el último año, la demanda se redujo cerca de un 30%, mientras que el precio del combustible registró fuertes incrementos, afectando directamente la estructura de costos.

A esto se suma el desfasaje en el esquema de subsidios, que concentra la mayor parte de los recursos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), dejando al interior con menor asistencia estatal. Como consecuencia, los gobiernos provinciales deben cubrir gran parte de los costos operativos, lo que tensiona aún más las finanzas del sistema.

Desde FATAP advirtieron que la situación ya dejó de ser una proyección y podría derivar en una paralización parcial o total del servicio en el corto plazo. Incluso, alertaron que hasta el 50% del país podría quedarse sin transporte si no se adoptan medidas urgentes.

En varias ciudades del interior ya se observan señales de la crisis: reducción de frecuencias, suspensión de líneas y dificultades para afrontar pagos salariales. En algunos casos, las empresas recurren a pagos en cuotas o directamente no pueden garantizar el funcionamiento normal del servicio.

El conflicto se agrava por la presión sindical y la necesidad de actualizar salarios en un contexto inflacionario, lo que incrementa aún más los costos operativos. En este marco, el sector reclama una intervención urgente del Estado nacional para recomponer el esquema de financiamiento y evitar lo que califican como un “colapso irreversible” del transporte público en el interior.

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