La ciudad de Rafaela fue escenario este viernes por la mañana de un sorpresivo operativo encabezado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en el marco de una causa que instruye la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Aunque por el momento no hubo información oficial sobre los motivos del procedimiento, fuentes vinculadas a la investigación señalaron que tendría relación con la situación procesal del exjefe de la AFIP en Santa Fe y Rosario, Carlos Vaudagna.
Se trata de una causa de alto impacto institucional que viene creciendo en las últimas semanas, especialmente a partir del giro que dio tras la declaración de Vaudagna como imputado colaborador. El exfuncionario confesó haber participado de maniobras irregulares dentro del organismo recaudador, entre ellas, hechos de extorsión, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias en favor de empresarios de la provincia.
Empresarios beneficiados y vínculos judiciales
Según se desprende de su declaración, Vaudagna habría facilitado beneficios indebidos a nombres de peso en el mundo económico santafesino, como Omar Scarel —expresidente de la agroexportadora Vicentin— y Carlos Nahuel Caputto, integrante del directorio del diario El Litoral. Las revelaciones también alcanzaron al juez federal Marcelo Bailaque, quien habría tenido conocimiento o participación en algunas de las maniobras denunciadas.
La PROCELAC, con intervención de fiscales federales de distintas jurisdicciones, lleva adelante una línea investigativa centrada en determinar el entramado de vínculos entre funcionarios públicos, empresarios y sectores del Poder Judicial que habrían participado de un esquema de recaudación paralela y tráfico de favores dentro de la AFIP regional.
El rol de Rafaela
Si bien no trascendieron oficialmente los domicilios allanados ni la cantidad de procedimientos realizados, Rafaela Noticias registró a los uniformados en calle Lavalle frente a la Plaza 25 de Mayo y en calle Rivadavia y Dante Alighieri.
Siempre apoyándose en datos extraoficiales, el despliegue de la PSA en Rafaela estaría relacionado con documentación y vínculos empresariales locales que podrían aportar pruebas relevantes a la causa.