El diputado provincial Martín Rosúa impulsa un proyecto de reforma del Código Procesal Laboral de Santa Fe, iniciativa que apunta a modificar el funcionamiento del sistema judicial en materia de accidentes y enfermedades laborales, con el objetivo de reducir la alta litigiosidad que registra la provincia. La entrevista fue realizada en el programa Bien Despiertos, que se emite por Rafaela Noticias Tv.
Según explicó el legislador, el Código Procesal Laboral regula los procedimientos judiciales cuando un trabajador realiza un reclamo, ya sea por un despido, por cuestiones contractuales o, principalmente, por accidentes y enfermedades laborales. En ese marco, sostuvo que Santa Fe presenta indicadores muy superiores al promedio nacional. “Santa Fe tiene 293 procesos judiciales cada 10.000 trabajadores asegurados en ART y la media nacional es de 133. O sea, somos la provincia que más juicios tiene laborales vinculados a enfermedades de accidentes de trabajo”, afirmó.
Rosúa remarcó que, al comparar la situación con Córdoba -una provincia de perfil productivo y poblacional similar-, se observa que ambas tienen una cantidad comparable de siniestros laborales, pero Santa Fe duplica la cantidad de juicios. “Acá hay un problema de verdadera litigiosidad laboral”, subrayó, y señaló que las causas principales se vinculan, por un lado, al funcionamiento de las comisiones médicas y, por otro, a incentivos “mal estructurados” dentro del procedimiento judicial.
En relación con el debate nacional sobre la reforma laboral, el diputado aclaró que el proyecto provincial tiene una relación mínima con esa discusión. Explicó que la reforma laboral nacional regula la ley de contrato de trabajo, mientras que la iniciativa santafesina se centra en la adhesión provincial a la Ley de Riesgos del Trabajo. “Hoy el 70% de las causas de la justicia laboral, que está totalmente desbordada, tienen que ver con accidentes y enfermedades de trabajo. No tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo a nivel nacional”, precisó.
Al detallar el rol de las comisiones médicas, Rosúa explicó el circuito que debe atravesar un trabajador tras un accidente laboral y advirtió sobre un dato clave: “El 63% de los casos que se presentan en las comisiones médicas se rechazan en cero, o sea, cero incapacidad, cero enfermedad, o sin nexo causal con el trabajo. Entonces, automáticamente, todos esos casos van a la justicia”. Esta situación, indicó, genera una acumulación de causas que colapsa el fuero laboral y encarece las primas que pagan las empresas por las ART.
El legislador señaló que Santa Fe termina pagando mucho más que otras provincias por este motivo. “Las empresas de Santa Fe están pagando 100 millones de dólares más en su conjunto que las empresas cordobesas”, sostuvo, y advirtió que ese dinero “no va al trabajador, no va a la empresa, no genera empleo ni inversión”.
Respecto de las causas de esta situación, Rosúa planteó que existen múltiples factores. “Hay una realidad: los criterios que las comisiones médicas aplican en Santa Fe son los mismos que se aplican en todo el país”, explicó, aunque agregó que su diagnóstico preliminar indica que “hay un poco y un poco: comisiones médicas que rechazan más que la media y una industria del juicio, con un montón de abogados que viven de esto y a veces terminan fraguando causas”.
Entre las principales medidas del proyecto, el diputado destacó la creación de un Cuerpo Médico Forense, integrado por peritos oficiales que trabajen como empleados de la Justicia y apliquen criterios homogéneos para determinar incapacidades. “La provincia de Salta y la de Río Negro, que han arrancado con este Cuerpo Médico Forense, tienen tasas de litigiosidad de 4 por 1.000 y de 6%, respectivamente. Santa Fe está en 25%”, comparó.
Además, la iniciativa propone modificar la forma de pago de los peritos, para que no cobren un porcentaje de la demanda. “Vos cobrás por la pericia que hiciste, no por el monto de la demanda, porque si no terminan siendo socios en el proceso”, explicó. También se busca limitar la discusión judicial a los puntos ya controvertidos en la instancia administrativa y reducir de dos años a 45 días hábiles el plazo para iniciar una demanda tras el rechazo de una comisión médica.
Rosúa indicó que, si bien los indicadores son altos en toda la provincia, Rosario presenta un fenómeno particular. “Lo que sucede en Rosario duplica, en términos porcentuales, a la ciudad de Santa Fe”, afirmó, y agregó que gran parte de los casos provienen de los sectores de servicios y comercio, y no de la industria.
Frente a las críticas de algunos gremios que advierten un posible recorte de derechos laborales, el diputado aseguró que el proyecto fue discutido con todos los sectores involucrados. “Esto a los trabajadores los beneficia, porque si el trabajador tiene un derecho legítimo de cobro, lo cobre rápido y en primera instancia. No puede ser que tenga que pasar cuatro, cinco o seis años en un litigio judicial”, sostuvo, y agregó que hoy, con la Justicia colapsada, “el primero que pierde es el trabajador”.
Finalmente, Rosúa señaló que el impacto económico de la reforma podría ser significativo. “Si bajamos los indicadores a la media nacional, las empresas de Santa Fe van a dejar de perder 100 millones de dólares por año”, afirmó. En ese sentido, concluyó que el problema de fondo no es la falta de tribunales, sino un sistema administrativo que “no resuelve a tiempo y judicializa todo”, lo que lo convierte en “un sistema ineficiente donde pierden todos”.
