El Poder Ejecutivo Nacional modificó el régimen de importación de bienes usados mediante el Decreto N° 273/2025, con impacto directo sobre la industria nacional. Entre los principales cambios, se eliminó la obligatoriedad del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), reemplazándolo por una declaración jurada del importador, y se amplió el listado de bienes permitidos para ingresar al país, reduciendo a la mitad las restricciones vigentes hasta el momento.
Desde la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) expresaron una fuerte preocupación por la medida, al considerar que “genera un daño estructural al desarrollo productivo y social del país” y señalaron que su implementación “sin criterios técnicos ni estratégicos” afecta la seguridad operativa, el ambiente y la sostenibilidad del entramado industrial argentino.
En la misma línea, la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) cuestionó la eliminación del CIBU por considerar que deja sin efecto los requisitos mínimos de trazabilidad, seguridad, condiciones de uso y compatibilidad normativa. “Se habilita el ingreso de equipos que podrían haber sido descartados en sus países de origen, lo que pone en riesgo procesos productivos y la salud de trabajadores y consumidores”, advirtieron.
Desde FISFE remarcaron que la industria santafesina —tecnológicamente activa, diversa y generadora de empleo calificado— ha realizado inversiones sostenidas en innovación y modernización. “Medidas como esta desincentivan esa dinámica virtuosa y erosionan las condiciones para el desarrollo de sectores comprometidos con el agregado de valor y la producción local”, señalaron.
La entidad provincial se sumó a otros espacios sectoriales que reclaman una revisión urgente del decreto, por considerarlo contrario a los objetivos de desarrollo federal y generación de empleo genuino. “Defender la industria nacional requiere establecer reglas claras que eviten el ingreso de tecnologías obsoletas que degradan el sistema productivo”, concluyeron.
