La instalación de un radar en la Ruta Nacional 168, uno de los principales accesos a la ciudad de Santa Fe, suma un nuevo capítulo de controversia. Según explicó la abogada Patricia Almirall, el dispositivo no cuenta con la autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, por lo que las infracciones que genera podrían ser consideradas inválidas.
“La Agencia Nacional fue clara: no hay ningún radar autorizado en la Ruta 168. Como consecuencia, las multas que se generen en esas condiciones no serían válidas”, afirmó.
El planteo abre un fuerte contrapunto con la postura del gobierno provincial, que sostiene que no necesita autorización nacional para realizar controles de velocidad en rutas bajo su jurisdicción. Sin embargo, Almirall aclaró que, si bien la provincia tiene facultades para fiscalizar, debe cumplir con una serie de requisitos legales.
Entre ellos, detalló la homologación del dispositivo por parte del INTI, la autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la correcta señalización y publicidad del control. “No es simplemente colocar un radar. Debe haber un procedimiento administrativo previo que justifique su instalación y lo habilite legalmente”, explicó.
En ese sentido, indicó que, si bien el radar cuenta con homologación del INTI desde el 26 de agosto, faltarían otros requisitos clave, lo que pone en duda la validez de las infracciones posteriores a esa fecha, que la provincia considera vigentes.
Además, cuestionó la falta de documentación actualizada sobre la habilitación del dispositivo. “No puede ser que un radar vigente en 2025 tenga respaldo en una disposición de 2003. Eso es imposible desde el punto de vista legal”, sostuvo.
Ante este escenario, la abogada presentó un pedido formal ante la Defensoría del Pueblo para que intervenga en representación de los ciudadanos y también solicitó precisiones a la Agencia Nacional sobre posibles medidas, como una eventual intimación para retirar el radar.
Mientras tanto, las multas continúan llegando a los conductores, lo que genera incertidumbre sobre cómo proceder. En este punto, Almirall planteó distintas alternativas: pagar y esperar un eventual reintegro —como ocurrió con infracciones anteriores— o adherir a un plan de pagos para congelar el monto, ya que el valor de las multas se actualiza con el precio del combustible.
No obstante, advirtió que aún hay personas que pagaron sanciones previas al 26 de agosto y todavía no recibieron devolución, lo que suma desconfianza en el sistema.
