La crisis del sector discapacidad en Argentina se agrava cada día más. Andrea Paredes, directora técnica del Centro de Día Nuestra Señora del Hogar, expresó su preocupación por la situación que atraviesan instituciones, profesionales, transportistas y, principalmente, las personas con discapacidad y sus familias. “La mayoría de las prestaciones se trabajan bajo el nomenclador nacional, que no se actualiza desde diciembre y apenas tuvo un aumento del 5%. Hoy sostener los servicios es casi imposible”, denunció en diálogo con Mitre Santa Fe.
Según Paredes, esta desactualización impacta de forma directa en la calidad de los servicios y pone en riesgo la continuidad de muchas instituciones. “Corremos el riesgo de cerrar o de reducir horas, personal y actividades. Y estamos hablando de servicios que, muchas veces, son la única alternativa que tiene una persona para acceder a rehabilitación, inclusión y participación comunitaria”.
La reciente marcha de antorchas que tuvo lugar en Santa Fe y otras ciudades del país dejó una fuerte señal. “Hubo un acompañamiento contundente. Más de 500 personas se movilizaron, y no sólo los prestadores: las familias también están desesperadas. Hay preocupación porque muchas personas necesitan apoyos desde que nacen hasta la vejez, y hoy esos apoyos están en peligro”, aseguró la entrevistada.
Sobre el proyecto de ley de emergencia en discapacidad, explicó que permitiría “poner sobre la mesa el desfasaje real entre lo que cuesta una prestación y lo que se paga por ella”, algo que podría comenzar a revertir esta situación límite. También respondió al comunicado de la Agencia Nacional de Discapacidad, que rechaza la iniciativa por considerarla “regresiva”: “Nada más alejado del asistencialismo. Hoy los servicios están orientados a que la persona sea protagonista de su vida, con los apoyos que necesita para sostener su calidad de vida e independencia”.
Finalmente, advirtió sobre la parálisis del programa Incluir Salud, fundamental para quienes no cuentan con obra social. “Hoy hay personas que no pueden acceder a ningún servicio porque no se están autorizando prestaciones. Esto afecta a miles de personas y también a trabajadores que cobran sueldos desactualizados o en cuotas. Es una situación muy angustiante”.
Desde el sector continúan las gestiones ante legisladores provinciales y nacionales, y ya se prevén nuevas acciones para visibilizar el reclamo. “Esto no es solo por nosotros: la principal perjudicada es la persona con discapacidad”, concluyó Paredes.
