Acapulco

En una audiencia imputativa realizada este 18 de febrero en los tribunales de Rafaela, el juez Gustavo Javier Bumaguin resolvió no hacer lugar al pedido de prisi&oacute;n preventiva formulado por la fiscal Analia Elizabeth Abreu y dispuso la libertad bajo estrictas reglas de conducta para Karen Naiara Martínez, Dévora Cristina Mendoza y Silvina Noem&iacute; Mendoza, investigadas por infracci&oacute;n a la Ley 23.737 en el marco de una causa por presunto microtráfico en barrio Acapulco, jurisdicci&oacute;n de Josefina. Misma medida para Gabriel Hern&aacute;n Galarza. La Fiscal&iacute;a hab&iacute;a sostenido que exist&iacute;a una estructura territorial organizada, con distintos domicilios conectados entre s&iacute; para la comercializaci&oacute;n de estupefacientes. Según expuso en audiencia, a partir de la detenci&oacute;n de un hombre en la ciudad de San Francisco se avanz&oacute; con allanamientos en Josefina, donde se secuestraron envoltorios fraccionados, recortes y material compatible con la venta al menudeo. Policiales 15 de Febrero de 2026 Golpe al narcotráfico en el Barrio Acapulco: Desarticulan un clan familiar dedicado al microtráfico La acusaci&oacute;n remarc&oacute; que la cantidad incautada no era menor y que el fraccionamiento evidenciaba finalidad de comercializaci&oacute;n. Tambi&eacute;n plante&oacute; riesgos procesales, especialmente peligro de fuga y de entorpecimiento probatorio, y solicit&oacute; que las tres mujeres transiten el proceso detenidas. La postura de las defensas Las defensas t&eacute;cnicas, ejercidas por Georgina Carla Allasia y Federico Jose Scarinci, cuestionaron la existencia de una organizaci&oacute;n estructurada y señalaron que no se acreditaron riesgos procesales concretos que justificaran una medida de encierro. Subrayaron que las imputadas no cuentan con antecedentes penales y que tienen hijos menores a cargo. Tambi&eacute;n pusieron en discusi&oacute;n la vinculaci&oacute;n entre los distintos domicilios allanados y la atribuci&oacute;n de coautor&iacute;a en los hechos investigados. En ese marco, solicitaron medidas alternativas y recordaron que la prisi&oacute;n preventiva debe ser el &uacute;ltimo recurso dentro del proceso penal. Libertad con reglas estrictas Al momento de resolver, el juez Bumaguin consider&oacute; acreditado el grado de probabilidad exigido para esta etapa procesal en cuanto a la existencia del hecho y la posible participaci&oacute;n de las imputadas. Sin embargo, entendi&oacute; que los riesgos invocados por la Fiscal&iacute;a pod&iacute;an neutralizarse mediante reglas de conducta. En consecuencia, dispuso la libertad de Karen Naiara Mart&iacute;nez con la obligaci&oacute;n de fijar domicilio en Josefina, firmar semanalmente en la comisar&iacute;a correspondiente y cumplir una prohibici&oacute;n de acercamiento en un radio de 200 metros respecto de los domicilios vinculados a la investigaci&oacute;n, adem&aacute;s de la prohibici&oacute;n de tener, transportar o comercializar estupefacientes. En el caso de Silvina Noem&iacute; Mendoza, orden&oacute; tambi&eacute;n la libertad bajo medidas alternativas, que incluyen la fijaci&oacute;n de domicilio en la misma localidad, la firma semanal y la prohibici&oacute;n de tener o transportar cualquier tipo de sustancia estupefaciente. Para D&eacute;vora Cristina Mendoza, la resoluci&oacute;n fue en el mismo sentido: libertad con obligaci&oacute;n de constituir domicilio en Josefina, firma peri&oacute;dica ante la autoridad policial y prohibici&oacute;n de tener o transportar estupefacientes. En el caso de Gabriel Hern&aacute;n Galarza, dispuso la libertad bajo reglas de conducta: fijar domicilio en calle 18 de Josefina, mudarse en el plazo de 72 horas, informar el nuevo domicilio, firmar quincenalmente en comisar&iacute;a y cumplir con prohibiciones de acercamiento y de portar material estupefaciente. Asimismo, el magistrado inst&oacute; al Ministerio P&uacute;blico de la Acusaci&oacute;n a dar intervenci&oacute;n a los organismos de Niñez competentes para que eval&uacute;en la situaci&oacute;n de las familias y de los menores involucrados, en caso de que no se hubiera hecho previamente. De este modo, el tribunal rechaz&oacute; el pedido de prisi&oacute;n preventiva y opt&oacute; por un esquema de control judicial mientras contin&uacute;a la investigaci&oacute;n por presunta comercializaci&oacute;n de estupefacientes en la zona.

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