En el Boletín Oficial del municipio fueron publicados en la jornada de este martes los decretos de cesantías de tres agentes municipales que se desempeñaban como coordinadores en la Dirección de Protección Vial y Comunitaria hasta el año 2023, cuando sus conductas fueron denunciadas y motivaron la separación transitoria de sus funciones. Finalmente, los tres -identificados por las siglas de sus identidades como E.D.P; H.O.R., y J.A.N.- resultaron cesanteados, en tanto que otros dos agentes, D.S.B. y D.N.O., fueron suspendidos por treinta días, sanción que ya cumplieron. Todas las sanciones son del ámbito administrativo municipal y son apelables ante la Justicia -en el fuero civil y laboral-, ya que se trata de investigaciones realizadas dentro de las normativas que reglamentan la administración municipal. Las resoluciones por las cesantías tienen un breve articulado, pero en los considerandos se desarrollan más de treinta páginas en las que se desglosan las principales imputaciones -de tipo administrativa, se reitera, para no confundir con las de otro tipo- que se consideraron probadas en los sumarios instruidos por la Fiscalía Municipal. En los tres casos la lista de empleados denunciantes, la de testigos y la elementos considerados como evidencias se van repitiendo, así como también una cantidad de faltas, abusos y discrecionalidades que -según permite concluir el examen de lo escrito en los decretos- constituían un "modus operandi" dentro de la estructura de la Dirección de Protección Vial y Comunitaria. En la extensa lista de denuncias y hechos investigados, aparecen algunos que se reiteran. Por ejemplo, los instructores consideraron demostrado que "los miembros de la coordinación (de la DPVyC) utilizaban la rotación de los servicios o turnos como un sistema de castigo entre los agentes dependientes del área. Se destaca principalmente dentro de este punto, el hecho de haber podido comprobar dos denuncias concretas". Una de esas denuncias fue un castigo impuesto a una agente a quien se le quitó un turno fijo por la mañana y pretendieron excluirla del pase a planta del año 2023, luego de un episodio que ella atravesó en el año 2022, cuando en oportunidad de estar cortando el tránsito en Bv. Santa Fe, un grupo de hinchas de fútbol -durante los festejos por uno de los partidos del Mundial- se subieron en la parte trasera de la camioneta del área que se encontraba a su mando. La agente se había quejado por quedar expuesta en soledad ante un grupo de sujetos claramente descontrolados. También se recordó que a dos agentes, "por haber caminado lento y labrado pocas actas (lo que deja abierto el interrogante sobre si a los inspectores municipales se les pide que labren un mínimo de actas cuando recorren la zona céntrica, lo que explicaría el accionar a veces desenfrenado de algunos inspectores que "multan" hasta por infracciones inventadas), les cambiaron el servicio semanal en la Zona de Estacionamiento Controlado y las enviaron al servicio de Obra en Av. Luis Fanti y Suipacha y Av. Luis Fanti y Corrientes, modificando el itinerario semanal”. Dice el texto de la resolución que los denunciantes "referencian un mecanismo sistemático y reiterado de utilización de la asignación de servicios como herramienta de castigo o sanción, dirigido principalmente hacia aquellos agentes que manifestaban disidencias, realizaban reclamos, o no formaban parte del círculo cercano de la coordinación". Un ejemplo se dio cuando algunos agentes recusaron a uno de los coordinadores ahora cesanteados, que formaba parte del jurado seleccionado para un concurso de promoción de cargos: los recusantes pasaron a no tener horas extras, ser asignados a los peores trabajos dentro del área y "sotto voce" se les aconsejó "pedirle perdón" al coordinador recusado. Los testigos relataron que los castigos se manifestaban mediante la asignación reiterada de servicios más exigentes, en condiciones climáticas adversas, la falta de rotación o la exclusión de algún servicio en particular. Algunos de los hechos investigados se remontaron incluso a 2017. Por ejemplo, en enero de aquél año una inspectora recibió una perdigonada durante un control de tránsito. Pese a las lastimaduras y el momento que había atravesado, dos días después fue asignada a tareas de calle nuevamente. Claramente no formaba parte del círculo de favorecidos por los coordinadores. Uno de los "premios" reiterados para los amigos era la asignación de horas en los exámenes de licencia de conducir, donde se conjugan dos condiciones elementales para el favoritismo: mejor paga, vía horas extras; y trabajo relajado. Los "castigos", en cambio, podrían ser los propios de los tiempos de la "colimba" militar: por una agente embarazada que fue al baño sin permiso todos los inspectores de un operativo perdieron el beneficio del "break" Camionetas machirulas     El caso de las camionetas machirulas fue denunciado por mujeres que prestaban servicios en la DPVyC. Según consta en las imputaciones, "las denuncias afirmaban que existía un trato discriminatorio de parte de la coordinación, hacia las agentes mujeres en la distribución de los turnos, tareas, distribución de vehículos, autorización de licencias y otorgamiento y autorización de horas extras. Sin embargo, sólo se pudo comprobar, y consecuentemente imputar, la discriminación en la distribución de los vehículos, especialmente en la asignación de las camionetas del área, contra el personal de género femenino". Uno de los coordinadores cesanteados fue apuntado como el responsable de vedar el asiento de las camionetas a las mujeres. Incluso un testigo afirmó que en una oportunidad el coordinador vio que había una mujer al mando de una de las camionetas y resolvió sacarla del vehículo para designar en su lugar a un varón. Eso sí: en algunas oportunidades las mujeres fueron seleccionadas para lavar los vehículos que no podían manejar, incluso bajo la lluvia. Para los instructores, quedó claro que de las declaraciones testimoniales "surge con claridad una modalidad sostenida de asignación desigual de vehículos, según el género, perjudicando a las trabajadoras mujeres, coincidiendo varios testigos en señalar que las camionetas y vehículos oficiales eran prioritariamente asignados a varones, mientras que las mujeres eran enviadas en moto, a pie, aún en contextos climáticos adversos o embarazos avanzados". La argumentación de los coordinadores era que con las camionetas se hacían tareas pesadas, como instalar vallados metálicos o levantar motos que eran trasladadas en las cajas de las chatas. "Gorda impresentable" La instrucción consideró también que "las denuncias formuladas y los testimonios recabados resultaban concluyentes en cuanto a la existencia de comentarios y bromas proferidos por parte de algunos miembros de la Coordinación hacia sus agentes dependientes, los cuales tienen carácter discriminatorio al tratarse de comentarios sexuales, sexistas, bromas relativas al aspecto físico de los agentes, principalmente referidos al sobrepeso, así como también a la forma de peinarse, su estética, a la forma de vestir, entre otros". "Gorda impresentable", "parecés un travesti", eran algunas frases soltadas por los maltratadores. "Bajo la apariencia de humor o informalidad, constituían hechos de violencia simbólica y laboral, al estar dirigidas principalmente a aspectos personales como el sexo, la identidad de género, la apariencia física (en particular el sobrepeso), la estética personal, la vestimenta o el modo de peinarse". Todas las argumentaciones citadas fueron dadas por probadas, aunque los agentes exonerados negaron la comisión de tales conductas o dieron su propia versión de los hechos.
