El presidente Javier Milei dispuso, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que las armas decomisadas en causas judiciales o administrativas puedan ser reutilizadas por las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales. La medida, publicada en el Boletín Oficial, busca optimizar recursos y reducir costos en la compra de armamento. Según lo establecido en el decreto, una vez finalizados los procesos judiciales o administrativos, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) recibirá las armas y materiales decomisados para su depósito definitivo. Luego, el Ministerio de Seguridad de la Nación definirá su destino. La normativa modifica la Ley N° 25.938 y permite que estos bienes sean destruidos o asignados a las fuerzas de seguridad para su uso exclusivo. Las armas podrán ser utilizadas por la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeronáutica y el Servicio Penitenciario Federal, siempre bajo control judicial y administrativo. Además, el decreto introduce cambios en los procedimientos de decomiso y destrucción, estableciendo que, tras una sentencia firme, la ANMAC determinará si los materiales serán eliminados o reutilizados con fines de interés público. El Gobierno fundamentó la medida en la necesidad de fortalecer la lucha contra el crimen organizado y mejorar el uso de los recursos estatales. Argumentó que, durante años, miles de armas en condiciones de uso fueron destruidas, y que su reutilización permitirá reducir costos en la adquisición de nuevo armamento. También se establecieron normas para garantizar la trazabilidad de las armas reasignadas y evitar su extravío o malversación. El decreto entró en vigencia tras su publicación y será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su análisis, conforme a la Ley N° 26.122.
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