El exdirector regional en Santa Fe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, exAFIP) de Santa Fe y Rosario, Carlos Vaudagna imputado por utilizar su cargo para asesorar a contribuyentes a fin de que evadan, aceptó declarar como arrepentido en las causas que llevan adelante al menos seis fiscales federales. Los investigadores realizaron muchos procedimientos en los últimos meses e incluso llegaron a allanar la casa de familiares directos de Vaudagna en Humberto Primo -de donde es oriundo el exfuncionario- y en localidades cercanas a Rafaela, aunque no llegó a confirmarse que algunos de esos procedimientos también se hayan realizado en esta ciudad. Vaudagna está implicado en causas penales de corrupción institucional que tocan de lleno a perosnalidades conocidas en esos ámbitos. Una de las más significativas es la que tiene también bajo investigación, por esas estrechas conexiones, al juez federal de Rosario Marcelo Bailaque. Bailaque, quien acumula varias denuncias en su contra, está a cargo de muchas causas que se tramitan en el Juzgado Federal de Rafaela y de hecho la semana pasada presidió en el edificio de calle 25 de Mayo algunas audiencias y un juicio abreviado en el que fueron condenados dos ciudadanos de origen boliviano que traían droga desde el Norte y fueron sorprendidos en un control de Gendarmería. Vaudagna fue director regional de la ex AFIP en Rosario y Santa Fe entre 2014 y 2020. Está imputado en tres jurisdicciones de Santa Fe por acciones tales como generar persecuciones en coordinación con la Justicia para iniciar procesos e investigaciones contra determinados contribuyentes y luego desistir de ello a cambio de dinero. Tambien se lo acusa de asesorar a empresarios a fin de eludir la imposición fiscal y colocar dinero en cuentas offshore. La imputación indica que adquirió dos mutuales, a través de las cuales facturaba los servicios que no podía prestar y que había realizado con esos ingresos una significativa cantidad de inversiones inmobiliarias. En el inicio de esta semana, Vaudagna se prestó a un acuerdo para suministrar información a cambio de una morigeración de la pena que eventualmente podría recibir. Cuenta con el patricinio legal del Dr. Néstor Oroño -un calificadísimo profesional del Derecho Penal, de los más prestigiosos de la provincia, que suele ser abogado defensor de varios imputados que son juzgados en Tribunales de Rafaela- y sus declaraciones en sede judicial amenazan con un escándalo de proporciones. En el contexto del entendimiento con los fiscales, Vaudagna aceptó entregar su último teléfono celular y las claves de acceso al mismo, donde habría registradas innumerables evidencias que implicarían a personajes del mundo de los medios de comunicación, de la política y del sindicalismo santafesino, así como de la región de Rafaela en particular, donde uno de los empresarios mencionados en los informes que trascendieron adquirió recientemente una emisora radial. Desde enero fiscales de Rosario, Santa Fe y Reconquista negociaron, a iniciativa de Vaudagna un acuerdo, para convertir al exdirector de la AFIP en imputado colaborador, lo que está previsto en el artículo 41 TER del Código Penal. Estas tratativas -según reveló el portal La Politica Online- incluyeron una extensa declaración que Vaudagna prestó finalmente este martes en la sede de la Procuración de Lavado de Activos (Procelac) en la ciudad de Buenos Aires. Allí el funcionario llegó a un acuerdo sobre la totalidad de las causas que tramitan contra él en las que participan Procelac, la Procuración contra el Narcotráfico (Procunar) y la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA). En su testimonio extenso Vaudagna aceptó los delitos que había cometido que implican centralmente utilizar sus funciones jerárquicas para hacer negocios y aliarse con figuras de poder empresarial o político con ese mismo fin. Esta declaración implicará que los fiscales que intervienen avancen en un trámite de juicio abreviado donde Vaudagna reconoce haber cometido delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencia, asociación ilícita y lavado de activos.
