La presentación judicial fue realizada por abogados de la agrupación RESET Republicano ante la Cámara Criminal y Correccional Federal, acusando al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y a otros funcionarios por presuntas irregularidades en la contratación de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), que encabeza María Josefina Rouillet, su esposa. Según la denuncia, la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior de la Cancillería adjudicó el 19 de enero de 2026 un contrato por $114.044.133 para brindar capacitación en inglés al personal de la cartera diplomática en el marco del Plan Estratégico de Capacitación 2025–2027. La propia disposición habría reconocido un “vínculo positivo” entre Rouillet y Sturzenegger, lo que activó procedimientos de integridad previstos en el Decreto 202/2017, con notificaciones a la Oficina Anticorrupción (OA) y a la Sindicato General de la Nación (SIGEN). El eje de la acusación es que, pese al reconocimiento de ese vínculo, no constaría la publicación obligatoria de la declaración jurada de intereses correspondiente en el sitio web de la OA, lo que —a criterio de los denunciantes— implicaría una omisión de un requisito esencial de transparencia y publicidad en la gestión pública. Los abogados imputan posibles delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública y pidieron que se investigue también la conducta de Rouillet. Además de Sturzenegger y Rouillet, la denuncia incluye a autoridades de la OA y de Ética Pública. El canciller Pablo Quirno rechazó que existan irregularidades, afirmando que el proceso se ajustó a la normativa vigente y que la contratación con la AACI se realiza desde 2018, con intervención de los organismos de control. Quirno y voceros oficiales sostienen que los mecanismos de integridad establecidos se activaron correctamente pese al vínculo familiar. Ahora la causa quedará en manos de la Justicia federal para determinar si hubo o no fallas en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y de gestión pública.
Federico Sturzenegger
Milei
