Carlos María Vottero brindó un balance sobre las actividades y resultados obtenidos en su gestión durante 2024. Fue en el marco de una audiencia pública realizada en horas de la mañana de ayer en la sede del Liceo Municipal de Artes «Alfredo Zain» de Ceres. Brindó precisiones acerca de la política de persecución penal desplegada en dependencias de la Quinta Circunscripción Judicial vinculada a homicidios, delitos contra la propiedad, contra la integridad sexual, delitos rurales y microtráfico. En cumplimiento de los lineamientos de la ley provincial número 13.013 en su artículo 7, que impone como pauta institucional la publicidad de la gestión, el Fiscal Regional 5, Carlos María Vottero, presentó su Informe de Gestión 2024. Fue en horas de la mañana de ayer en la sede del Liceo Municipal de Artes «Alfredo Zain» de la ciudad de Ceres. Vottero realizó un balance de los resultados alcanzados en su gestión y brindó precisiones acerca del desarrollo de la política de persecución penal. Manifestó el Fiscal Regional que “en la conflictividad social que se atraviesa en la actualidad, este tipo de indicadores aporta herramientas fundamentales para seguir trabajando para optimizar la investigación de los delitos que se cometen en un amplio territorio de nuestra provincia que abarca principalmente los departamentos Castellanos, San Cristóbal, Nueve de Julio”. Objetivos priorizados                   Vottero identificó ante los presentes los objetivos de priorización de la persecución penal en la órbita del MPA. Refirió a la violencia altamente lesiva asociada a la criminalidad organizada y a la estructuración de mercados ilegales; abordaje estratégico de los mercados ilegales de armas de fuego; delitos cometidos por funcionarios públicos; delitos relacionados con características propias o a la situación de las víctimas: femicidios, violencias de género y sexuales; delitos que afectan a niños, niñas y adolescentes, a personas en situación de vulnerabilidad y delitos cometidos en contexto de violencia intrafamiliar; y los delitos contra la propiedad u otro bien jurídico protegido que generen grave afectación de derechos. Afirmó Vottero que “identificamos una serie de indicadores comunes para definir la priorización de los objetivos con el fin de focalizarnos en aquellos que registren mayor grado de transversalidad, regularidad social y afectación de derechos fundamentales de la ciudadanía, como lo son la afectación de bienes jurídicos relevantes (como la vida y la propiedad), la utilización de armas de fuego para la comisión de hechos delictivos, la vulnerabilidad de víctimas (delitos sexuales, género y familiar), las personas con alta conflictividad social, la existencia y estrategias para desarticular y desarmar mercados ilegales (bienes sustraídos -chacaritas-, estupefacientes, etc.), los delitos cometidos por funcionarios públicos y los delitos rurales”. Por otra parte, el Fiscal Regional destacó la tarea llevada adelante por el Equipo de Trabajo sobre Microtráfico de la Fiscalía General y por la Policía de Investigaciones (PDI) de cada distrito. Sostuvo que “luego de realizar la audiencia de cese de estado antijurídico, hemos logrado inactivar tres inmuebles donde se comercializaban estupefacientes al menudeo”. Presentes La audiencia pública contó con la presencia del senador provincial por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig; los diputados provinciales Sofía Masutti y Marcelo González; la intendenta de Ceres, Alejandra Dupouy; el fiscal adjunto de la Fiscalía sede Ceres, Emiliano Odriozola; el Director Provincial de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, Rolando Galfrascoli; los coordinadores operativos del Ministerio de Justicia y Seguridad, Eduardo Cosentino y Sebastián Rancaño; el Jefe y el Subjefe de la Policía De Investigaciones (PDI) Región 5, Javier Cecotti y Elías Antón, respectivamente; el Jefe y la subjefa de la Unidad Regional XIII, Alejandro Tognolo y Marcela Fernández, respectivamente; concejales de Ceres; autoridades policiales, educativas, del ámbito de la Salud, entidades intermedias y periodistas.
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