Los cuatro gremios docentes nacionales de la CGT (UDA, CEA, AMET y SADOP) anunciaron un paro para el lunes 26 de febrero, cuando deberían empezar las clases en varias jurisdicciones del país, a menos que el Gobierno convoque a la reunión para discutir un nuevo piso mínimo para el salario docente. Tras una reunión en la sede de la UDA, los representantes de los cuatro gremios definieron esperar hasta el jueves para confirmar la medida de fuerza prevista para el primer día de clases. “Sin paritaria nacional no comenzarán las clases en todo el país”, habían anticipado los cuatro gremios en un comunicado la semana pasada. La medida fue definida por los secretarios generales de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Sara García; de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), Fabián Felman; del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), Marina Jaureguiberry; y de Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero. “Vamos a esperar hasta el jueves, pero ya tenemos la decisión tomada de hacer un paro nacional en el inicio de clases, producto del distanciamiento que propone el Gobierno nacional de no hablar con los trabajadores”, dijo Romero al anunciar la medida. “Estábamos esperando una reflexión de parte del Gobierno nacional que convoque a los trabajadores para construir de manera conjunta un sistema educativo que les sirva a quienes se preparan en las escuelas argentinas, los alumnos y las alumnas, donde se dignifique la tarea del docente, con buenos salarios y buenos edificios escolares. Parece que no es interés del Gobierno, no convoca”, agregó el titular de la UDA. El jueves 22 habrá un congreso nacional de los sindicatos que componen CTERA, la otra confederación nacional de gremios docentes. Ese día se sabrá si se suman a la medida definida hoy por los gremios de la CGT. Con respecto a la fecha del paro, Felman dijo que “la idea es determinarla el jueves” pero sería “para el inicio de clases”. En algunas jurisdicciones, esa fecha es el lunes 26 de febrero, en otras el 1° o el 4 de marzo. A nivel nacional, el piso del salario docente es de 250.000 pesos desde diciembre. El último acuerdo paritario se firmó en septiembre del año pasado, en coincidencia con la última actualización del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) que ahora fue suspendido por el Gobierno nacional. De todas maneras, la realidad del salario docente varía mucho según las provincias: hay jurisdicciones que mantuvieron abiertas sus paritarias en diciembre, enero y febrero, mientras que otras recién empezaron a negociar con los sindicatos esta semana. La confrontación entre el Gobierno nacional y los gremios docentes se agudizó luego de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmara hoy que el Poder Ejecutivo evalúa declarar la educación como servicio esencial. De concretarse, sería la tercera vez que el Gobierno intenta impulsar la medida en estos dos meses de gestión: estaba prevista en el DNU 70/2023 que firmó el presidente Javier Milei a los pocos días de asumir –cuyas disposiciones laborales fueron suspendidas por la Justicia– y también en la Ley Ómnibus que fracasó en el Congreso. “Cuando aparece Adorni en televisión, es garantía que va a dar malas noticias. (Declarar la educación como servicio esencial) es ignorar un montón de normas vigentes, como el derecho a huelga, que es un derecho constitucional, respaldado también por el Convenio 87 de la OIT”, declaró Romero. Los gremios docentes asocian el nuevo anuncio oficial con el escenario de conflictividad que se abrió con la decisión de la Casa Rosada de suspender los aportes nacionales al salario docente y con la indefinición de la fecha de reunión entre los funcionarios nacionales y los gremios docentes para definir un nuevo salario mínimo en todo el país, tras las cifras récord de inflación en diciembre y enero. La reunión entre los cinco gremios docentes nacionales (CTERA, UDA, AMET, SADOP y CEA) y los secretarios de Educación (Carlos Torrendell) y Trabajo (Omar Yasin) estaba prevista para mediados de esta semana, pero aún no hubo confirmación de fecha. Previsto en el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo (N° 26.075), el encuentro será para discutir el salario mínimo docente, en un contexto en el que varias paritarias docentes provinciales están trabadas a la espera de una definición nacional. Desde el Gobierno nacional, el presidente Milei y el vocero Adorni han insistido en que no se trata de una “paritaria nacional”, porque los empleadores de los docentes son las provincias y no la Nación. Más allá del nombre, esa reunión aparece ahora como el factor que podría destrabar las negociaciones salariales y garantizar el inicio de clases el próximo lunes 26 de febrero. La semana pasada se conoció la sentencia judicial que hizo lugar al reclamo de CTERA y suspendió el artículo 97 del DNU 70/2023 que declaraba la educación como servicio esencial. La Justicia consideró que la medida es inconstitucional, en sintonía con el fallo que ya había obtenido la CGT en otra presentación. “El accionar del Gobierno nacional se inscribe en la ofensiva dirigida a intentar la destrucción de la educación –que no conseguirán– provocada por la inexistencia de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente –cuando la situación salarial es literalmente agobiante por la devastación del poder adquisitivo de los sueldos–, el no pago a los docentes de todo el país de la asignación del Fondo Nacional de Incentivo (FONID) a cargo de la Nación, la supresión del Fondo Compensador Salarial para asistencia al pago de sueldos en algunas jurisdicciones provinciales, la eliminación de la conectividad para maestras y maestros y el no giro de partidas para comedores escolares, entre otras medidas de evidente desprecio hacia las y los docentes de nuestro país y niñas, niños y adolescentes que deben concurrir a la escuela”, señaló CTERA en un comunicado firmado por los secretarios Roberto Baradel y Sonia Alesso.
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