En el marco del encuentro entre concejales y representantes del Poder Judicial, donde se analizaron los alcances del nuevo Régimen Penal Juvenil, el abogado Carlos Martín Navarro brindó su exposición y puso el foco en las causas estructurales del delito en menores, más allá del debate sobre la edad de imputabilidad. Durante su intervención, Navarro consideró que centrar la discusión únicamente en la edad a partir de la cual un menor puede ser penalmente responsable resulta insuficiente. En ese sentido, planteó que el eje debe estar en comprender por qué crece la conflictividad juvenil y cuáles son los factores que la explican. “El tema de la edad es relativo”, sostuvo el abogado, al remarcar que el problema de fondo radica en la falta de diagnóstico sobre las causas que llevan a los menores a entrar en conflicto con la ley penal. Navarro explicó que, si bien históricamente la criminología vinculó estos fenómenos a la exclusión social, las dificultades educativas y las condiciones económicas, en la actualidad se suman nuevos factores que —según indicó— deben ser abordados desde la política pública. Entre ellos, mencionó especialmente el consumo de drogas y el impacto de las redes sociales. En relación al primero, advirtió que una gran proporción de los delitos cometidos por menores está vinculada al acceso a estupefacientes. Según detalló, el 75% de los hechos protagonizados por jóvenes corresponde a delitos contra la propiedad, muchos de los cuales tienen como trasfondo la necesidad de sostener el consumo. “El tema drogas es fundamental entenderlo como generador de estas causas de conflicto”, afirmó, y agregó que el crecimiento del consumo también está asociado a problemáticas de salud mental y a la aparición de delitos cada vez más complejos y violentos. En ese sentido, sostuvo que la discusión sobre el régimen penal juvenil no puede darse de manera aislada, sino que debe contemplar otras normativas vigentes, como la ley de salud mental, y su impacto en la práctica cotidiana. Por otra parte, Navarro hizo hincapié en el rol de las redes sociales, a las que definió como un fenómeno global que incide directamente en la conducta de los adolescentes. Señaló que el uso intensivo de estas plataformas puede alterar los hábitos, influir en la construcción de la personalidad y, en algunos casos, estar vinculado a la comisión de delitos. También mencionó que se trata de un debate que hoy se da a nivel mundial, con especial preocupación por sus efectos en jóvenes en etapa de formación. “El problema es entender por qué esos chicos llegan a ese lugar”, planteó, al tiempo que advirtió que ninguna ley, por sí sola, podrá resolver el conflicto si no se atienden las causas que lo originan. En ese marco, el abogado remarcó la importancia de la prevención por sobre la respuesta penal. Según explicó, el sistema actual muchas veces no logra dar soluciones integrales: ni al imputado, ni a la víctima, ni a la sociedad. Navarro sostuvo que una condena, por más severa que sea, no necesariamente resuelve el problema de fondo, ya que en muchos casos la persona vuelve a la sociedad en peores condiciones, mientras que la víctima no obtiene una reparación efectiva y persiste la sensación de inseguridad. Por ello, consideró que el desafío para la dirigencia política es anticiparse a los problemas y trabajar sobre sus causas, con políticas que permitan reducir la conflictividad antes de que llegue al sistema judicial. Finalmente, reivindicó el carácter del derecho penal como una herramienta de “última instancia” y subrayó que el enfoque debe estar puesto en lo social. “Lo importante es la prevención del delito”, concluyó, al destacar el rol de los espacios institucionales para impulsar ese tipo de abordajes.
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