Un reciente fallo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 6ª nominación de Santa Fe generó un fuerte respaldo jurídico al proyecto que el funcionario nacional Bryan J. Mayer presentó en el Concejo Municipal de Rafaela para frenar el cobro irregular de derechos de autor en fiestas privadas. El proyecto ingresado en el cuerpo legislativo local apunta a impedir que entidades como SADAIC y AADI-CAPIF continúen exigiendo pagos que, según sostiene Mayer, quedaron sin sustento legal tras la firma del Decreto 765/2024 por parte del Presidente de la Nación. Dicho decreto redefine el concepto de “ejecución pública” en la Ley 11.723 y establece que los eventos de carácter privado no deben tributar por derechos de autor. “En algunos casos se cobra hasta nueve millones de pesos pese a que el decreto está vigente. Es una avivada porque confunden a la gente para seguir cobrándoles, jugando con la ilusión de sus fiestas”, advirtió Mayer días atrás. El funcionario también pidió a los vecinos “no dejarse engañar y no aceptar cláusulas tramposas que los obliguen a pagar de una u otra manera”, remarcando que se trata de prácticas que deben ser denunciadas. Ese camino fue el que tomaron padres de establecimientos educativos de la ciudad de Santa Fe. Representados por el abogado Rodolfo Carlos Comoretto, cinco escuelas presentaron una acción de amparo después de que las entidades de gestión colectiva presionaran a los titulares del salón para derivarles el cobro si los padres no aceptaban pagar. Según Mayer, situaciones similares ya vienen registrándose en Rafaela y la región. Tras analizar el caso, la Justicia hizo lugar a la medida cautelar y ordenó suspender el cobro hasta que haya sentencia definitiva, generando un precedente clave para otros reclamos vinculados a fiestas privadas y eventos sin carácter público.
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