En una declaración conjunta -algo no habitual por parte estas instituciones, aunque no es la primera vez que sucede- , el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región y la Sociedad Rural de Rafaela advirtieron sobre la necesidad de reabrir el debate en torno a una cuestión siempre polémica: el "costo" -si es que corresponde tal definición para referirse a una cuestión relacionada nada menos que con el sostenimiento de las instituciones republicanas encargadas de preservar el Estado de Derecho- de legislar, a partir de un análisis de las diferencias entre los presupuestos de las Legislaturas de las provincias de Córdoba y Santa Fe. En el marco del debate por el Presupuesto Provincial 2026, distintos sectores pusieron el foco en el nivel de gasto del Poder Legislativo santafesino y en su comparación con otras jurisdicciones, particularmente con Córdoba. El planteo del CCIRR y la SRR se inscribe en una discusión más amplia sobre la eficiencia del Estado y la racionalidad del uso de los recursos públicos. El texto   Según el documento difundido, el análisis parte de una lógica similar a la que atraviesa al sector privado. En ese sentido, se sostiene que “todas las organizaciones, desde las más pequeñas a las más grandes; las que importan, exportan u operan en el mercado interno; las de industria, comercio, servicios, del sector agropecuario o de la construcción; las de acá y las de origen extranjero… todas revisan sus costos, buscan optimizar procesos y exploran alternativas para ser lo más eficientes posible, porque es la única manera de proyectar su supervivencia (y aun así, ninguna la tiene garantizada)”. Bajo ese enfoque, se plantea que “desde esa misma lógica —sin prejuicios ni consignas— resulta legítimo y necesario abrir un debate similar en el ámbito del Estado, particularmente al analizar los números del Presupuesto Provincial 2026”. El texto remarca que “en ese marco, surge un dato difícil de ignorar: la actividad legislativa de la provincia de Santa Fe costará casi cuatro veces más que la de Córdoba”. De acuerdo con las cifras citadas, “para 2026, Santa Fe prevé destinar $191.812.813.000, frente a $54.768.139.000 en Córdoba. La diferencia alcanza los $137.044.674.000, con una relación de 3,55 a 1”. La comparación se vuelve más significativa al observar la cantidad de representantes. Tal como se indica, “la pregunta es inevitable: ¿estamos en condiciones de afrontar esta diferencia? Más aún cuando ambas provincias cuentan con una cantidad prácticamente equivalente de legisladores: 70 en Córdoba y 69 en Santa Fe. Es decir, un legislador más, pero con un costo total sensiblemente menor”. El detalle por legislador refuerza el contraste. “El análisis por legislador profundiza el contraste. En Córdoba, tendrán un costo promedio de $782.401.985, mientras que en Santa Fe el gasto medio asciende a $2.779.895.840. Dentro de ese promedio, cada diputado santafesino costará $2.255.677.260 y cada senador $4.159.418.421”, se afirma en el documento. El planteo aclara que “no se cuestiona la importancia institucional y democrática de la labor legislativa”, sino que “la discusión pasa por la eficiencia, proporcionalidad y racionalidad del gasto, especialmente en un contexto económico complejo y con fuertes demandas sobre el sector productivo”. En esa línea, se incorpora el análisis de otras decisiones fiscales recientes. “La devolución de más de $3.200 millones en saldos a favor de Ingresos Brutos representa apenas el 0,21% de lo recaudado por ese tributo entre enero y agosto de 2025, período en el que la provincia recaudó $1,55 billones”, señala el texto, y agrega que “ese monto es incluso inferior al costo anual promedio de un solo senador santafesino”. A modo comparativo, se plantea que “si la Legislatura de Santa Fe tuviera un presupuesto similar al de Córdoba, esas devoluciones podrían multiplicarse por 42”, aclarando que “no es una comparación caprichosa, sino una forma concreta de dimensionar prioridades fiscales y márgenes de mejora posibles”. El documento también reconoce medidas oficiales. “Reconocemos las medidas de alivio fiscal anunciadas por el Gobierno provincial y la importancia relativa de Ingresos Brutos para las finanzas santafesinas. Sin embargo, creemos que ese esfuerzo puede —y debe— ser mayor”, expresa el texto. Más allá del caso legislativo, se advierte que “el costo de la Legislatura resulta un caso más visible, sencillo de evaluar y fácil de comparar con otras provincias, pero la realidad indica que en prácticamente todas las áreas del Estado existen oportunidades de mejora en este sentido”. Por ello, se considera “impostergable una revisión integral, técnica y profunda del gasto público que debería traducirse en alivios fiscales relevantes, capaces de impactar de manera directa en el denominado ‘costo argentino’, uno de los principales factores que erosionan la competitividad, desalientan la inversión y encarecen los precios”. Finalmente, el planteo introduce una aclaración sobre el alcance del debate. “Vale aclarar que entendemos que este proceso debe encararse con visión de desarrollo y que la mera búsqueda de eficiencia no se transforme en medidas que debiliten al Estado en sus funciones esenciales”, sostiene el documento. En ese marco, agrega que “eliminar ineficiencias, gastos innecesarios y burocracias injustificadas permitirá liberar recursos no solo para aliviar la carga tributaria, sino también para fortalecer aquellas áreas que generan desarrollo, productividad y equidad”. El cierre sintetiza el sentido del planteo al señalar que “abrir este debate no es ir contra las instituciones: es fortalecerlas, alineando la gestión pública con una visión de desarrollo sostenible, competitividad territorial y bienestar social de largo plazo”, con especial referencia a la realidad de Santa Fe.
CCIRR
Grandes Almacenes Ripamonti
CGT Rafaela
