Una oscura trama de violencia psicológica y física dentro de una familia que materialmente lo tenía todo pero literalmente dormía con el enemigo quedó al descubierto en la audiencia de medidas cautelares en la que se resolvió la suerte procesal de E.N.T., un conocido comerciante rafaelino de 57 años, acusado de abuso sexual con penetración en perjuicio de una de sus tres hijas adoptivas. Fue la fiscal Gabriela Lema quien describió pormenorizadamente los hechos, a lo largo de una hora de una extensa audiencia que tuvo lugar en la tarde de este sábado, en los tribunales locales, y donde RAFAELA NOTICIAS fue -como siempre ocurre en el plano judicial- el único medio presente en la sala. Como se especulaba dada la gravedad de los delitos imputados, el juez Javier Bottero dispuso la prisión preventiva sin plazos para el imputado, dada la contundencia de las evidencias presentadas. Incluso los abogados defensores Germán Verna y Carlos Farías Demaldé, aceptaron que la autoría material de los hechos quedó probada con el grado de certeza que la etapa inicial de la investigación amerita. Así, E.N.T continuará detenido, siendo que la audiencia del sábado la siguió desde la Alcaidía de San Javier, en la que se encuentra preso actualmente. No todo lo que brilla es oro   La representante del MPA detalló la historia familiar que llevó a E.N.T al banquillo. En pareja con C. desde hace 30 años, ambos son padres adoptivos de tres niñas de 7, 10 y 14 años. La tenencia legal les fue confirmada en 2023, aunque las niñas se incorporaron a la vida familiar un par de años antes. Lo que fue una decisión enaltecedora, la de adoptar a tres niñas de condición extremadamente vulnerable, se transformó pronto en una pesadilla de violencias psicológicas y a veces fisica. La convivencia del matrimonio venía atravesando turbulencias severas: presuntas infidelidades del hombre y un carácter fuerte, que se traducía en malos tratos verbales no sólo con el entorno familiar, sino también con sus empleados. Aunque E.N.T parecía feliz por el reconocimiento social que tenía a raíz de la adopción, en la audiencia se ventilaron otros rasgos que desmentían esa condición. "Racista", llegó a tildarlo su ahora exesposa. Fue la menor de las niñas la que abrió los ojos de su madre adoptiva, contando que fue testigo de unos comportamientos totalmente inapropiados para una relación padre-hija en donde los protagonistas eran E.N.T y la mayor de las niñas: besos y tocamientos que nada tenían de paternales. La mujer adulta casi no podía creer lo que escuchaba. Pero enseguida recordó que la casa contaba con cámaras internas de videovigilancia y que lo que la niña pequeña había visto también lo habrían registrado. Corría el mes de febrero de este año y luego de asesorarse con psicólogas, ya con su relación de pareja destruida por la sospechas de infidelidad yla hostilidad manifiesta del ambiente familiar -dado que C. conocía la relación de su marido con otras mujeres-, la esposa decidió presentarse en la Unidad Fiscal GEFAS, que investiga abusos sexuales y familiares en un contexto de violencia doméstica. La investigación A partir de la denuncia, E.N.T fue notificado, ya en febrero, de la existencia de la investigación en su contra. El delito: abuso sexual con acceso carnal. Es la categoría más grave de los abusos sexuales. Al tiempo que intentaba convencer a sus denunciantes de no avanzar en la causa, también empezó una maniobra de transferencia de sus bienes y una serie de manejos económicos que -para los investigadores- apuntaba a crear las condiciones para condicionar el proceso judicial en su contra. Las evidencias empezaron a acumularse. Porque la víctima, una niña de 14 años que al momento de iniciarse los abusos tenía 12, contó de a poco -ya en febrero se puso en vigencia una restricción de acercamiento y de convivencia del perpetrador con su pareja y sus hijas- lo que había sucedido. Por razones de decoro no se expondrá ningún detalle de las aberrantes prácticas en que incurría el hombre -de 57 años- con la menor, que tiene su mismo apellido y por eso se resguardan las identidades de los involucrados. La gota rebasando el vaso El punto detonante de las medidas que comenzaron a adoptarse ocurrió a partir de la declaración en cámara Gessel de las menores afectadas. A tal punto fue así, que en la audiencia se especuló que la fuga del imputado -quien desapareció de los sitios que solía frecuentar el mismo día en que se concretó la cámara Gessel- no fue en febrero sino en abril porque en esos dos meses E.N.T. intentó convencer -con flores, regalos y mensajes que hacía llegar a las niñas- que no concurrieran a realizar el trámite. Además, la fiscal mostró al juez y a los abogados defensores las imágenes de las cámaras interiores del hogar familiar, ubicado en el barrio 9 de Julio, aunque la familia había vivido hasta 2024 en el barrio Amancay, donde comenzaron los sucesos investigados. Esas imágenes no solamente mostraron los abusos, sino que desmintieron el posterior intento de la defensa de presentar al imputado como un discapacitado desvalido: según Lema, en las imágenes se observa claramente que el hombre retiene por la fuerza a la niña usando incluso su brazo con malformación. La fiscal Lema dialogando con los defensores Germán Verna y Carlos Farías Demaldé.   Millones y maniobras de encubrimiento Como se sabe, cuando el juez analiza un pedido de acción cautelar, debe evaluar -además de la probable autoría material del hecho según las evidencias aportadas; y la probabilidad de la pena a aplicar en caso de ser hallado culpable en un juicio- los riesgos procesales: ¿puede el imputado intentar fugarse? ¿Tiene medios económicos para hacerlo? ¿Puede intimidar testigos, alterar evidencias, comprar voluntades, entorpecer el proceso de investigación? Para la Dra. Cristina Fortunato, exjueza ya retirada que en la audiencia de este sábado representó a las víctimas en su condición de querellantes, "como pocas veces están probados con sobrada evidencia los tres requisitos que se piden para el dictado de la prisión preventiva sin plazos". Fortunato se refirió a otro aspecto que había abordado la fiscal Lema: la intervención de la familia y de allegados al imputado en maniobras de entorpecimiento de la investigación, al punto que hay cuatro mujeres notificadas por la probable comisión del delito de encubrimiento. "Son un clan familiar", dijo Fortunato. La penalista relató episodios que se dieron en los últimos dos meses: el despido de los empleados de los dos comercios que regenteaba E.N.T (posteriormente fueron reincorporados), un clima de violencia laboral en esos establecimientos y otras circunstancias económicas que derivaron de la denuncia contra E.N.T. Economía 25 de Abril de 2026 ¿Un millón de pesos por el álbum?: La impactante cifra que costaría completar la colección del Mundial 2026     Por ejemplo, Lema reveló que hay una investigación paralela que dirige la fiscal Analía Abreu, en donde se apunta a esclarecer una presunta usurpación de la agencia de autos que tenía E.N.T, y que le abría sido despojada a su exesposa, su denunciante en este caso. Lema reveló que en las últimas semanas el imputado vació dos cuentas -una con 34 millones de pesos en Mercado Pago, y otra por más de 20 millones en otra institución financiera- que tenía su expareja. Además, los pesquisas indicaron que E.N.T. tiene a su nombre 49 propiedades registradas; que sus movimientos de tarjetas de crédito indican saldos superiores a los 12 millones de pesos; que tiene consumos en el exterior; y que registra operaciones económicas superiores a los 250 millones de pesos, en razón de sus negocios. "Tiene todo para profugarse": incluso, pasaporte italiano El juez Bottero fundamentó su decisión de dictar la prisión preventiva sin plazos recordando una de sus máximas: "para profugarse hay que tener dinero". "T. tiene un importante patrimonio, tiene pasaporte italiano, y los medios económicos no sólo para profugarse, sino para vivir prófugo". Además, el magistrado consideró que la probabilidad de escapar a la acción de la justicia está directamente proporcionada al monto de la pena que se le puede aplicar. Para el juez, hubo claramente maniobras de parte del imputado para -a través de enajenaciones de su patrimonio o acciones con el mismo-presionar a su exmujer a efectos de que ésta quede debilitada en su decisión de llevar adelante el caso en su contra. Un tema largamente debatido fue el de la salud del imputado, quien padece una malformación congénita en su brazo izquierdo; es diabético y tiene otras patologías que requieren atención médica permanente. Respecto al tema, Bottero consideró que en el sistema penitenciario existen mecanismos de atención suficientes para las patologías del imputado.