Frente a la información brindada por diversos medios de comunicación señalando que el Ministerio de Seguridad de la Nación ha requerido a diversas organizaciones gremiales y sociales, entre las que se encuentran un conjunto de organizaciones afiliadas, el pago de una suma millonaria para afrontar los supuestos costos en los que el Estado Nacional habría incurrido el día 27 de diciembre con motivo del operativo de seguridad montado en la zona de Tribunales, la Confederación General del Trabajo manifestó su profunda preocupación a través de un comunicado. "Este es un nuevo intento del gobierno de Javier Milei de acallar toda manifestación y protesta de los trabajadores y trabajadoras organizados en expresión de sus legítimos reclamos, ante la reforma laboral más regresiva en toda la historia democrática de nuestro país", expresaron en el escrito. También expresaron que no condicionará al movimiento obrero organizado ante "esta afrenta ilegítima y contraria a la Constitución Nacional, que expone la vocación gubernamental de desconocer la libertad sindical, el derecho de huelga y de protesta ante todo intento de manifestar el rechazo y el descontento". Finalmente, la Confederación General del Trabajo dejó en claro que no representa los intereses de “una casta”, sino los intereses de trabajadores y trabajadores del país que, "en una sociedad democrática y conforme a la Constitución Nacional, tienen el derecho a gozar de la protección de las normas, a la organización sindical, a negociar convenios colectivos y a ejercer el derecho de manifestación y de huelga".
