La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes el envío a la Asamblea Nacional de un proyecto de ley de amnistía general dirigido a personas detenidas por motivos políticos, en una iniciativa que también contempla el cierre del centro de detención conocido como El Helicoide, un lugar símbolo de represión y abuso durante décadas bajo gobiernos chavistas anteriores. Durante un acto oficial frente al Tribunal Supremo de Justicia, Rodríguez afirmó que la propuesta tiene como objetivo “favorecer la convivencia” en el país luego de años de confrontación política y llamó a que el proceso se desarrolle sin violencia ni venganzas. Señaló además que la decisión fue discutida con el expresidente Nicolás Maduro. La iniciativa va más allá de las excarcelaciones parciales registradas en las últimas semanas: no solo liberaría a presos políticos, sino que también podría borrar las causas penales en su contra, eliminando restricciones como prohibiciones para viajar, hablar con la prensa o ejercer determinadas actividades. La amnistía cubriría hechos de violencia política desde 1999 hasta el presente, aunque excluiría a quienes tengan condenas por homicidio, narcotráfico u otros delitos graves. El anuncio ocurre en medio de cifras contradictorias sobre las liberaciones: mientras el Gobierno oficialista dice haber dejado en libertad a más de 600 presos, organizaciones de derechos humanos y observadores contabilizan alrededor de 300, y advierten que muchas excarcelaciones están sujetas aún a medidas restrictivas. Grupos como Foro Penal han pedido transparencia y claridad sobre quiénes serán beneficiados. La clausura de El Helicoide, sede histórica de detenciones políticas denunciadas por abusos y torturas, fue presentada por Rodríguez como parte de una transformación institucional y social. La propuesta es convertir el lugar en un espacio de servicios sociales, deportivos y culturales. Sin embargo, activistas y defensores de derechos humanos han recibido el anuncio con cautela, insistiendo en la necesidad de garantizar justicia, respeto a los derechos y desmontar las estructuras represivas en Venezuela. La propuesta será debatida en el Parlamento venezolano, de mayoría oficialista, que se espera la trate con urgencia en los próximos días.