Una abogada rafaelina se encuentra bajo la lupa judicial, en el marco de una investigación por prevaricato, delito que sanciona a los profesionales del Derecho o magistrados que, a sabiendas, obran contra la ley o la verdad en el ejercicio de sus funciones. Según pudo saber Rafaela Noticias de manera extraoficial, la profesional —actualmente radicada en otra localidad— debería comparecer en las próximas semanas ante la Fiscalía Regional de Rafaela, donde será notificada e identificada dactiloscópicamente por orden del fiscal interviniente, Dr. Soria. La causa tiene su origen en una denuncia presentada en junio de 2024 ante el Centro Territorial de Denuncias de Rafaela. En aquella oportunidad, una mujer relató haber mantenido una relación de pareja con un comerciante local y denunció haber sufrido perjuicios económicos luego de prestarle dinero, un vehículo y haber contraído deudas a su nombre. Según la presentación, tras la ruptura de la relación se buscó formalizar un acuerdo privado para resolver las cuestiones patrimoniales. La denunciante afirmó que, mientras un abogado de su confianza redactó un primer documento con sus reclamos, el comerciante habría solicitado a la abogada rafaelina que confeccionara otro acuerdo “de similares características”, pero la profesional lo hizo sin contemplar los puntos que la primera parte consideraba esenciales. La mujer sostuvo que ambos —el comerciante y la profesional— actuaron en conjunto para “desapoderarla” de dinero y bienes de su propiedad, y acompañó como prueba copias de los acuerdos privados firmados, anexos, cartas documento y conversaciones de WhatsApp. En julio de 2024, la Fiscalía Regional resolvió desestimar la denuncia y archivar el legajo por entender que los hechos relatados no constituían delito. No conforme con ello, la denunciante presentó un recurso ante la Fiscalía General de la provincia, acompañando nueva documentación y solicitando una revisión del archivo. El 20 de diciembre de 2024, la Fiscal General resolvió convalidar parcialmente el archivo, pero hizo lugar a la revisión respecto de la actuación de la abogada, ordenando remitir las actuaciones nuevamente a la Fiscalía Regional de Rafaela para investigar la posible comisión del delito de prevaricato. De acuerdo con el Código Penal argentino, el prevaricato se configura cuando un abogado o funcionario judicial, en el ejercicio de su profesión, “sostiene o promueve resoluciones contrarias a la ley o funda actuaciones en hechos falsos”. Tras varios meses sin novedades, fuentes judiciales confirmaron que la causa se reactivó recientemente y que se dispuso el comparendo de la profesional para que se ponga a derecho y se lleven adelante las diligencias correspondientes antes de definir si será imputada formalmente. Por el momento, no hay información oficial sobre el avance del expediente, y las partes mantienen estricto hermetismo mientras se aguardan novedades que podrían conocerse en las próximas semanas.
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