El Gobierno nacional difundió los resultados del Primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle, un estudio inédito que permitió dimensionar por primera vez la magnitud del problema a nivel federal. El informe relevó 9.421 personas en esta situación en 19 provincias, con una marcada concentración en grandes centros urbanos. En ese contexto, Santa Fe quedó en el centro de la escena: con 1.328 personas registradas, se posiciona como la segunda jurisdicción con mayor cantidad de personas sin techo, solo por detrás de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El relevamiento, realizado entre noviembre y diciembre de 2025 mediante el sistema DataCalle, incluyó tanto a personas que viven en la vía pública como a quienes se alojan en refugios o paradores, lo que ofrece una radiografía más completa de la problemática. Los datos también muestran un perfil mayoritario: el 83% de las personas en situación de calle son hombres y el 92% son mayores de edad. Además, más de la mitad tiene estudios primarios completos pero no terminó la secundaria, y un 53% realiza alguna actividad laboral, en su mayoría informal. Uno de los aspectos más preocupantes es el crecimiento reciente del fenómeno. Cerca del 60% de las personas cayó en situación de calle en los últimos dos años, lo que refleja el impacto de la crisis económica y social. A nivel local, organizaciones sociales advierten que la problemática se profundiza. En la ciudad de Santa Fe, por ejemplo, registros de ONG muestran un aumento sostenido en la última década, con cifras que se multiplicaron varias veces desde 2010. El informe se enmarca en la Ley 27.654, que establece la necesidad de contar con un diagnóstico federal. Sin embargo, a partir de cambios recientes en la política pública, la atención directa quedó principalmente en manos de las provincias, lo que implica un desafío adicional para Santa Fe, uno de los distritos más afectados. Así, los datos oficiales no solo dimensionan el problema, sino que también encienden una señal de alerta: la situación de calle ya no aparece como un fenómeno marginal, sino como una problemática estructural en crecimiento que exige respuestas urgentes y coordinadas.