En una extensa audiencia realizada este martes en los Tribunales de Rafaela, el juez penal Gustavo Bumaguín resolvió diferentes medidas para cuatro personas imputadas por presunta comercialización de estupefacientes, tenencia de armas de fuego y participación en una organización criminal, según la acusación inicial presentada por la Fiscalía. La audiencia se desarrolló en la Sala 2 del OGJ, con más de tres horas de debate centrado en la valoración de evidencias, los riesgos procesales y la proporcionalidad de las medidas solicitadas.
Los imputados son Gabriel Gustavo Herrera Albarracín (53), Noelia Gisela Villar (37), Juan Alberto Domínguez (74) y María Esther Gaitán (60), en una causa surgida a partir de varias denuncias anónimas, tareas de vigilancia y allanamientos realizados por fuerzas policiales provinciales y federales. Entre los elementos secuestrados, la Fiscalía detalló el hallazgo de cocaína fraccionada, teléfonos celulares, balanzas digitales y un arma de fuego apta para el disparo cuya tenencia no estaba autorizada.
La fiscal Analía Abreu expuso que, en el marco de la investigación, se habrían constatado movimientos compatibles con comercialización de drogas, especialmente en los domicilios de calle Córdoba y Jauretche, donde se realizaron medidas de observación. La funcionaria sostuvo que los registros fílmicos, el material incautado y testimonios obtenidos sustentan la hipótesis de una estructura organizada, en la que Noelia Villar ocuparía un rol destacado, mientras que Gaitán y Domínguez habrían intervenido en tareas de pasamanos.
Abreu también argumentó la existencia de riesgos procesales: posibilidad de entorpecimiento probatorio —por el presunto ocultamiento de material digital y por vínculos entre imputados— y riesgo de fuga, teniendo en cuenta antecedentes condenatorios de algunos de ellos y las penas en expectativa. Por ello solicitó la prisión preventiva para los cuatro.
Defensa: falta de acreditación de la organización y debilidad probatoria
Las defensas, a cargo de los doctores Amalia Cassina (Herrera Albarracín) y Federico Scarinci (Villar, Domínguez y Gaitán), cuestionaron la solidez del marco probatorio. Sostuvieron que la imputación por comercialización carece de respaldo suficiente, que no se acreditó la existencia de una estructura criminal y que varios secuestros podrían corresponder a consumo personal. Marcaron inconsistencias en los procedimientos, especialmente respecto de los domicilios donde se concretaron los allanamientos y la falta de tareas previas documentadas.
En el caso de Herrera Albarracín, la defensa remarcó que no cuenta con antecedentes, que los elementos encontrados no permiten presumir participación en una organización y que el material hallado no alcanza para sostener una acusación por comercialización.
También insistieron en que Domínguez —de 74 años— posee problemas de salud que tornan improcedente cualquier medida de detención efectiva, mientras que Gaitán y Villar cuentan con arraigo y cargas familiares que descartan riesgo de fuga.
Luego de escuchar a todas las partes, el juez Bumaguín resolvió medidas diferenciadas:
- Gabriel Gustavo Herrera Albarracín:
Libertad bajo estrictas medidas alternativas, entre ellas fijación de domicilio, prohibición de ingresar al barrio Fátima, obligación de firmar semanalmente en la comisaría y prohibición de portar armas o tener estupefacientes.
- Noelia Gisela Villar:
Prisión domiciliaria en calle Bartolo Manera, con prohibición de tener o comercializar estupefacientes.
- Juan Alberto Domínguez:
Prisión preventiva domiciliaria, con prohibición de portar armas y prohibición de comercializar estupefacientes.
- María Esther Gaitán:
Libertad bajo medidas alternativas: fijar domicilio en Jauretche, quedar al cuidado de su hija, concurrir semanalmente a firmar en la comisaría correspondiente, comparecer ante cada citación judicial y mantener prohibición absoluta de armas y estupefacientes.
El magistrado descartó, en esta etapa, la configuración de una organización criminal de las características planteadas por la Fiscalía. También señaló que persisten diligencias pendientes, como pericias de celulares, análisis de cámaras de seguridad y ampliación de testimonios. Y descartó que haya riesgos procesales o de fuga por parte de los detenidos dados sus vínculos familiares.
