En el marco del debate nacional sobre la edad de imputabilidad, el abogado penalista local Dr. Carlos Farías Demaldé brindó su mirada sobre el régimen vigente y la necesidad de una reforma profunda, en una entrevista realizada por RAFAELA NOTICIAS.
Actualmente, en Argentina, la imputabilidad penal rige a partir de los 16 años, lo que implica que los adolescentes de 16 y 17 pueden ser juzgados penalmente, mientras que los menores de esa edad no tienen responsabilidad penal. “Hoy la norma es la imputabilidad a partir de los 16 años. ¿Qué pasa cuando un menor de 14 o 15 años comete un delito grave, incluso un homicidio? Hoy no tiene tratamiento desde el punto de vista jurídico en cuanto a responsabilidad”, explicó.
Farías Demaldé sostuvo que, en la práctica, cuando un menor no imputable comete un delito grave, suele disponerse una medida de resguardo domiciliaria, con un tutor o guardador, sin que exista una sanción penal efectiva. “No hay ningún tipo de sanción, ni para el menor ni para la familia”, afirmó.
En ese contexto, remarcó que Argentina tiene una de las edades de imputabilidad más altas de la región. “Somos el país con la edad de imputabilidad mayor. En Inglaterra o Suiza comienza a los 10 años; Brasil y Ecuador a los 12; Uruguay a los 13. Nosotros seguimos en 16”, detalló.
Sin embargo, el abogado aclaró que el debate no debe reducirse solamente a una cuestión etaria. “No pasa solo por si son 13, 14 o 15 años. El problema es qué se hace a partir de esa edad”, señaló.
En ese sentido, advirtió que el sistema actual no está preparado para absorber una eventual baja en la edad de imputabilidad. “Ya tenemos inconvenientes para alojar a personas mayores de edad. Si bajamos la edad, va a haber más personas privadas de la libertad y no existen hoy los establecimientos adecuados, además de que la ley prohíbe que menores y adultos estén en el mismo lugar”, explicó.
Resocialización y equipos interdisciplinarios
Farías Demaldé remarcó que la respuesta estatal no debería centrarse únicamente en el encierro. “No se trata solo de privar de libertad, sino de resocializar”, afirmó, y sostuvo que es indispensable analizar las causas que llevan a un menor a delinquir. “Puede haber problemas de adicción, de educación, de contención familiar. Por eso es necesario un equipo interdisciplinario que aborde la problemática en profundidad”, agregó.
Desde su experiencia profesional, indicó que muchos menores que cometen delitos graves no dimensionan el alcance de sus actos. “Saben que lo que hacen está mal, pero no llegan a comprender el daño irreversible que generan. Muchas veces naturalizan el delito”, explicó, y relató casos en los que jóvenes de corta edad describían hechos extremadamente graves con total normalidad.
Pese al diagnóstico crítico, el abogado sostuvo que la reinserción es posible. “Con un buen acompañamiento, sí se puede reinsertar a estos jóvenes”, afirmó, y consideró clave diseñar proyectos individualizados. “Hay que ver si terminó la escuela, si tiene problemas de salud, si necesita tratamiento. No dejarlos libres, pero tampoco simplemente encerrarlos: que estén en un lugar controlado y con seguimiento”, sostuvo.
Finalmente, destacó la figura del supervisor, prevista en algunos proyectos de reforma, como un nexo entre el menor y el juez. “Eso permitiría un control más cercano y un seguimiento real de cada situación”, concluyó.
