Menores de edad

En el marco del debate nacional sobre la edad de imputabilidad, el abogado penalista local Dr. Carlos Farías Demaldé brindó su mirada sobre el r&eacute;gimen vigente y la necesidad de una reforma profunda, en una entrevista realizada por RAFAELA NOTICIAS. Actualmente, en Argentina, la imputabilidad penal rige a partir de los 16 años, lo que implica que los adolescentes de 16 y 17 pueden ser juzgados penalmente, mientras que los menores de esa edad no tienen responsabilidad penal. &ldquo;Hoy la norma es la imputabilidad a partir de los 16 años. &iquest;Qu&eacute; pasa cuando un menor de 14 o 15 años comete un delito grave, incluso un homicidio? Hoy no tiene tratamiento desde el punto de vista jur&iacute;dico en cuanto a responsabilidad&rdquo;, explic&oacute;. Far&iacute;as Demald&eacute; sostuvo que, en la práctica, cuando un menor no imputable comete un delito grave, suele disponerse una medida de resguardo domiciliaria, con un tutor o guardador, sin que exista una sanci&oacute;n penal efectiva. &ldquo;No hay ningún tipo de sanci&oacute;n, ni para el menor ni para la familia&rdquo;, afirm&oacute;. En ese contexto, remarc&oacute; que Argentina tiene una de las edades de imputabilidad m&aacute;s altas de la regi&oacute;n. &ldquo;Somos el pa&iacute;s con la edad de imputabilidad mayor. En Inglaterra o Suiza comienza a los 10 a&ntilde;os; Brasil y Ecuador a los 12; Uruguay a los 13. Nosotros seguimos en 16&rdquo;, detall&oacute;. Sin embargo, el abogado aclar&oacute; que el debate no debe reducirse solamente a una cuesti&oacute;n etaria. &ldquo;No pasa solo por si son 13, 14 o 15 a&ntilde;os. El problema es qu&eacute; se hace a partir de esa edad&rdquo;, se&ntilde;al&oacute;. En ese sentido, advirti&oacute; que el sistema actual no est&aacute; preparado para absorber una eventual baja en la edad de imputabilidad. &ldquo;Ya tenemos inconvenientes para alojar a personas mayores de edad. Si bajamos la edad, va a haber m&aacute;s personas privadas de la libertad y no existen hoy los establecimientos adecuados, adem&aacute;s de que la ley proh&iacute;be que menores y adultos est&eacute;n en el mismo lugar&rdquo;, explic&oacute;. Resocializaci&oacute;n y equipos interdisciplinarios Far&iacute;as Demald&eacute; remarc&oacute; que la respuesta estatal no deber&iacute;a centrarse &uacute;nicamente en el encierro. &ldquo;No se trata solo de privar de libertad, sino de resocializar&rdquo;, afirm&oacute;, y sostuvo que es indispensable analizar las causas que llevan a un menor a delinquir. &ldquo;Puede haber problemas de adicci&oacute;n, de educaci&oacute;n, de contenci&oacute;n familiar. Por eso es necesario un equipo interdisciplinario que aborde la problem&aacute;tica en profundidad&rdquo;, agreg&oacute;. Desde su experiencia profesional, indic&oacute; que muchos menores que cometen delitos graves no dimensionan el alcance de sus actos. &ldquo;Saben que lo que hacen est&aacute; mal, pero no llegan a comprender el da&ntilde;o irreversible que generan. Muchas veces naturalizan el delito&rdquo;, explic&oacute;, y relat&oacute; casos en los que j&oacute;venes de corta edad describ&iacute;an hechos extremadamente graves con total normalidad. Pese al diagn&oacute;stico cr&iacute;tico, el abogado sostuvo que la reinserci&oacute;n es posible. &ldquo;Con un buen acompa&ntilde;amiento, s&iacute; se puede reinsertar a estos j&oacute;venes&rdquo;, afirm&oacute;, y consider&oacute; clave dise&ntilde;ar proyectos individualizados. &ldquo;Hay que ver si termin&oacute; la escuela, si tiene problemas de salud, si necesita tratamiento. No dejarlos libres, pero tampoco simplemente encerrarlos: que est&eacute;n en un lugar controlado y con seguimiento&rdquo;, sostuvo. Finalmente, destac&oacute; la figura del supervisor, prevista en algunos proyectos de reforma, como un nexo entre el menor y el juez. &ldquo;Eso permitir&iacute;a un control m&aacute;s cercano y un seguimiento real de cada situaci&oacute;n&rdquo;, concluy&oacute;. Dr. Carlos Far&iacute;as Demald&eacute;

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