Una mujer de Rafaela viene atravesando desde hace más de dos años una situación extrema de hostigamiento y amenazas por parte de su ex pareja, un hombre de 45 años apodado “El Rosarino”. El caso salió a la luz en las audiencias imputativa y cautelar realizadas el miércoles pasado, a las que asistió RAFAELA NOTICIAS, donde se expuso con crudeza el drama vivido por la víctima y su familia. Tras escuchar a las partes, el juez Nicolás Stegmayer resolvió dictar la prisión preventiva por 90 días mientras avanza la investigación, en una causa que acumula un largo historial de denuncias y episodios que reflejan un patrón persistente de violencia. La mujer realizó 11 denuncias entre septiembre de 2023 y marzo de 2026, aunque en esta instancia la fiscal Brenda Baños formalizó cinco hechos como acusaciones concretas. Según se ventiló en la audiencia, el imputado desplegó una modalidad de hostigamiento constante y multifacética que no solo afectó a la víctima, sino también a su entorno más cercano, incluyendo amenazas directas hacia su hijo.
Detenido por un hurto, pero liberado por su estado de salud mental: ordenan su internación
Lejos de limitarse a mensajes, el hombre se presentaba en la vivienda de la mujer acompañado por otras personas, incluso teniendo vigente una prohibición de acercamiento. En otras ocasiones, utilizaba intermediarios —personas que “le debían favores”— que se acercaban con un teléfono celular para que él pudiera hablar directamente con la víctima desde el otro lado de la línea. También enviaba cartas al domicilio, imágenes donde se lo veía armado, y se contactaba con familiares y amistades. El nivel de persecución llegó a extremos: se hizo presente en el gimnasio de la mujer, acudió al veterinario donde atendían a su mascota, creó perfiles falsos en redes sociales y hasta pegó en espacios públicos del barrio —como una garita— imágenes íntimas de la víctima. En esos mensajes y acciones, las amenazas eran reiteradas: hablaba de “llenar de tiros” la casa, de “cargarla en un auto” o de “empapelar” los lugares que ella frecuentaba con fotos privadas, algo que, según se expuso, ya había comenzado a concretar. A esto se sumaba una constante ostentación de supuestos contactos con sectores de poder. El imputado aseguraba tener vínculos con la policía, con un concejal de Rafaela y con referentes de una barra brava, al tiempo que afirmaba que las denuncias en su contra no prosperarían porque “con unos verdes” podía solucionar cualquier problema.
La calificación legal de los hechos fue la de amenazas simples en calidad de autor, aunque agravadas por darse en un contexto de violencia de género, lo que, según sostuvo la fiscal, podría derivar en una pena de cumplimiento efectivo en una eventual instancia de juicio. La defensa, encabezada por Victoria Romano, no discutió la autoría de los hechos, pero intentó relativizar su gravedad al apoyarse en la figura de “amenazas simples”, planteando que se trata de un delito de baja escala penal. Además, cuestionó que se trate de un caso de violencia de género y sostuvo que los episodios deben entenderse dentro de un “vínculo conflictivo”, remarcando que ya no se trata de una pareja. En esa misma línea se expresó el propio imputado, quien intentó invertir los roles y señaló a la denunciante como responsable de la situación, asegurando que ella lo visitaba pese a la restricción y que incluso existía una denuncia cruzada. La voz de la víctima, sin embargo, atravesó la audiencia con fuerza. Pidió declarar con la condición de que el imputado no estuviera presente en la sala. “Lo único que quiero es que salga de mi vida”, expresó. Relató el miedo constante en el que vivió durante estos dos años, los cambios de número de teléfono, los cuidados extremos para no cruzárselo y el impacto en su familia. “Le tengo terror”, agregó. Antes de resolver, el juez le consultó si consideraría suficiente que el acusado se radicara en Rosario —su ciudad de origen— con prohibición de ingresar a Rafaela. La respuesta fue contundente: dijo que no, ya que las amenazas no cesarían debido a la modalidad del imputado, basada en el uso de terceros, redes sociales y otros mecanismos indirectos, además de que nada garantizaba que cumpliera con esa restricción.
Finalmente, Nicolás Stegmayer dispuso la prisión preventiva por 90 días. Si bien la fiscal había solicitado que se extendiera por todo el proceso —estimado en dos años—, el magistrado consideró que ese plazo resultaría desproporcionado en relación al delito imputado. No obstante, dejó abierta la posibilidad de que la medida sea revisada y eventualmente prorrogada. En su resolución, el juez dio por acreditados los hechos a partir de diversas pruebas: fotografías del imputado exhibiendo armas —que no fueron halladas—, cartas con amenazas, registros de cámaras de seguridad donde se lo observa acercarse a la vivienda de la víctima y la utilización de terceros como intermediarios, algunos aún no identificados. También advirtió sobre el riesgo de entorpecimiento de la investigación y de nuevas intimidaciones en caso de recuperar la libertad. Mientras se leía la resolución, la mujer no pudo contener el llanto. Estuvo acompañada en todo momento por una representante de la Oficina de Violencia de Género de la Municipalidad de Rafaela, que viene siguiendo el caso desde sus inicios y brindándole contención en un proceso que, según quedó expuesto, lleva ya demasiado tiempo.
