El juez de la Investigación Penal Preparatoria, Nicolás Stegmayer, resolvió este viernes otorgar la libertad con medidas alternativas a Mariano Veren, Ezequiel Goro y Grisel Ceballos, quienes habían sido detenidos el domingo pasado tras un allanamiento realizado en una vivienda de calle J. Buffa al 1900, en barrio Italia, donde se secuestraron 247 envoltorios de cocaína.
La audiencia se desarrolló en los Tribunales de Rafaela con la participación del fiscal Adrián Soria, en representación del Ministerio Público de la Acusación, y del Dr. Carlos Farías Demalde, quien ejerció la defensa de los imputados. Tras escuchar los argumentos de ambas partes, el magistrado resolvió que los tres continúen el proceso en libertad bajo medidas alternativas destinadas a asegurar su sujeción a la causa.
La denuncia que originó la investigación
La génesis de la investigación se remonta a una denuncia por violencia de género presentada el 8 de marzo por una mujer contra su pareja, quien actualmente permanece prófugo.
En ese marco, la denunciante sostuvo que el hombre se dedicaba a la comercialización de estupefacientes desde una vivienda de calle Buffa al 1900, y que incluso le había propuesto participar del negocio atendiendo el “kiosco” a cambio de un porcentaje de las ganancias.
Según relató el fiscal Soria durante la audiencia, la mujer detalló el funcionamiento de la presunta actividad ilegal y los roles de cada persona involucrada. Indicó que su pareja tenía un socio que actuaba como proveedor de la droga, quien además habría financiado el capital inicial para montar un pequeño emprendimiento de venta de panificados, que funcionaba en el frente de la vivienda y que, según la acusación, operaba como “pantalla” para la venta de estupefacientes.
De acuerdo con el relato presentado por la fiscalía, Mariano Veren era quien se encargaba de trasladar la droga desde el proveedor hasta la vivienda. Cada reabastecimiento —según la denuncia— consistía en 235 “bochitas” de cocaína, que se solicitaban mediante una aplicación de mensajería. En tanto, Grisel Ceballos habría cumplido funciones de delivery, realizando entregas de la sustancia a los compradores.
La denunciante también explicó cómo Ceballos y su pareja Ezequiel Goro llegaron a Rafaela. Según su versión, la mujer —que se encontraba radicada en San José del Rincón— fue convocada para trabajar en el lugar a cambio de 150 mil pesos semanales. Ambos vivían en una habitación ubicada a pocos metros de la vivienda allanada y, según el testimonio, el alquiler se pagaba con dos “bochitas” de cocaína diarias.
El fiscal relató que, al momento de realizarse el allanamiento en el domicilio investigado, Goro se encontraba en el lugar cuando comenzó la requisa. Mientras se desarrollaba el procedimiento, Veren y Ceballos llegaron al domicilio, momento en que también fueron aprehendidos por los efectivos policiales.
En el operativo se secuestraron 247 envoltorios de cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos vinculados a la presunta actividad de narcomenudeo.
Los cuestionamientos de la defensa: “Más parecido a una serie de Netflix que a la vida real”
Durante la audiencia, el defensor Carlos Farías Demalde cuestionó la consistencia de la acusación y sostuvo que el relato de la denunciante presentaba contradicciones que ponían en duda la calificación penal atribuida.
El abogado afirmó que sus defendidos no residían en el domicilio allanado y negó que existiera un vínculo directo con la mujer denunciante. A su criterio, el testimonio buscaba desvincularla de la actividad ilegal y responsabilizar a terceros.
Incluso calificó la reconstrucción presentada por la acusación como “más parecida a una serie de Netflix que a la vida real”, al sostener que carecía de credibilidad.
En relación con la presencia de los imputados en el lugar, explicó que Goro se encontraba en un pasillo cercano al domicilio y fue aprehendido cuando llegó la comitiva policial. Sobre Ceballos y Veren, indicó que se dirigían a la vivienda donde se alojaban para tomar mates y que se detuvieron al observar el procedimiento policial.
Los argumentos del juez para otorgar la libertad
Al resolver el planteo, el juez Stegmayer consideró que la acusación no logró establecer con claridad cuál era el vínculo entre los imputados dentro de una presunta estructura criminal.
También señaló que no podía atribuirse la tenencia de la droga a los detenidos, principalmente porque el estupefaciente se encontraba en una vivienda en la que ninguno de ellos residía.
A ello sumó que la sustancia estaba oculta dentro de un mueble y que fue la propia denunciante quien fue indicando a los investigadores dónde se encontraban los distintos elementos secuestrados, entre ellos la droga, sustancias de corte y municiones.
El magistrado sostuvo que la situación hubiera sido diferente si el material estupefaciente hubiese estado a la vista o al alcance inmediato de los imputados, lo que permitiría inferir una disposición directa sobre el mismo.
Finalmente, cuestionó que la investigación careció de tareas de campo previas por parte de la Policía de Investigaciones para acreditar maniobras típicas de comercialización, como registros fílmicos de personas ingresando o saliendo del domicilio.
Ante este escenario, dispuso la libertad de los tres imputados bajo medidas alternativas, mientras continúa la investigación.
