En una audiencia de apelación celebrada este jueves en los Tribunales de Rafaela, el juez Sergio Alvira confirmó el rechazo al pedido de desalojo de un edificio de departamentos ubicado en Avenida Mitre al 500, cuya ocupación es considerada ilegal por su propietario. El fallo ratifica la resolución previa del juez Nicolás Stegmayer, quien determinó que el caso no amerita el cese del estado antijurídico en la vía penal.
Rafaela Noticias estuvo en la sala donde se desarrolló la audiencia que contó con la participación del fiscal Guillermo Loyola, acompañado por las abogadas María de los Ángeles Rivero y Lucía Mognaschi, representantes de la parte demandante. Por otro lado, la defensa de los actuales ocupantes estuvo a cargo de los abogados Adrián Rocca (del Servicio Público de la Defensa Penal) y Sergio Beceyro, quien representa a uno de los inversionistas.
Mientras que la Fiscalía y los querellantes sostienen que 13 departamentos fueron ocupados ilegalmente, la defensa argumenta que varios de los residentes firmaron contratos de alquiler con quien poseía el boleto de compra-venta del terreno y que su ingreso fue autorizado por él o por otros inversores.
Alvira, sin analizar el fondo del conflicto ya que se trató de una apelación, se limitó a evaluar si la resolución de Stegmayer era válida en función de lo debatido en la audiencia anterior. Finalmente, resolvió mantener el rechazo al desalojo.
Un conflicto de larga data
El edificio en cuestión se originó hace 12 años, cuando dos privados acordaron su construcción mediante un fideicomiso. Sin embargo, por diversas circunstancias, el negocio quedó inconcluso, lo que derivó en múltiples disputas legales y acuerdos incumplidos sobre el uso del inmueble.
El aguantadero de Avenida Mitre, otra vez escenario de procedimientos de la PDI
Con el tiempo, la situación se agravó, ya que el edificio comenzó a ser utilizado como refugio para personas vinculadas a hechos delictivos. En los últimos años, se realizaron varios allanamientos, en los que se detuvo a personas y se secuestraron elementos robados.
Actualmente, en los papeles el edificio se encuentra “en construcción paralizada” e incluso con una clausura emitida por el Juzgado Municipal de Faltas por las múltiples irregularidades en materia de higiene y seguridad.
