La justicia no tiene dudas, en esta etapa de la investigación, que en una escuela secundaria de Rafaela un menor de 17 años vendía cocaína. El caso se originó a partir de la denuncia de una madre, cuyo hijo con problemas de adicciones le contó que un compañero le vendía “piedras” de cocaína. La droga era picada en los baños del establecimiento y consumida durante los recreos, de acuerdo a lo expuesto en una audiencia judicial por el fiscal Adrián Soria.
Las capturas de chats entre el presunto vendedor y el comprador —ambos menores—, sumadas a un allanamiento en una vivienda de calle Tucumán, en barrio Barranquitas, donde reside el joven señalado como dealer, reforzaron la hipótesis del fiscal. La cocaína fue hallada en distintos envoltorios distribuidos en la casa, incluso dentro de un ladrillo ahuecado para ocultarla. Al momento del procedimiento, la policía se topó con dos compradores que salían del domicilio; uno de ellos llevaba cocaína escondida en una media.
El adolescente de 17 años fue aprehendido junto a dos mayores de edad el jueves pasado, pero el menor fue liberado poco después, quedando bajo investigación de la Justicia de Menores.
En la audiencia de medidas cautelares realizada este martes de la que participó RAFAELA NOTICIAS, el juez Nicolás Stegmayer convalidó parcialmente la hipótesis del fiscal, aunque no logró acreditarse que la droga proviniera de dos mayores de edad detenidos: Facundo Daniel Tévez (21) y Joaquín Juárez (27).
El abogado defensor de Tévez, Federico Scarinci, definió a ambos como “perejiles” que pasaron cinco días presos “sin que se pueda acreditar la autoría de los hechos”. Tanto Tévez como Juárez fueron acusados de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por servirse de un menor de edad, delito que prevé penas de 6 a 20 años de prisión.
La teoría fiscal se apoyaba en que ambos convivían en la misma dirección que el adolescente, por lo que la droga sería de ellos. Sin embargo, las defensas demostraron que el inmueble está subdividido en varias unidades independientes.
En la parte que habitaba Tévez no se encontró estupefaciente alguno. En la de Juárez se secuestraron 43 gramos de marihuana, pero no cocaína, que es la sustancia que se vendía en la escuela. Además, ni Tévez ni Juárez aparecen mencionados en los chats de compraventa, ni fueron señalados por testigos. Incluso la madre del menor acusado envió un mensaje por WhatsApp para desligar a Juárez de cualquier vínculo con lo sucedido.
El abogado Gerardo Ordoñez, representante de Juárez, sostuvo que la marihuana podría haber sido descartada en el lugar por otra persona, dado el carácter compartimentado de la vivienda. También remarcó que el único elemento secuestrado fue un desmorrugador, que —según planteó— es de uso común para consumo personal y no para venta. Ambos imputados no tienen antecedentes penales, tampoco causas abiertas y cuentan con trabajos estables.
Ante este escenario, el juez Stegmayer calificó de “irregular o contradictoria” la teoría del fiscal, al no hallarse elementos que unan a los mayores con la actividad ilícita del menor en la escuela. Por ello, resolvió otorgarles la libertad, con la única obligación de fijar domicilio y mantenerse a disposición de la Justicia.
