RAFAELA NOTICIAS EN EL LUGAR. - La audiencia imputativa contra el comerciante rafaelino de 58 años, de iniciales E.N.T. , se desarrolló ante el juez de Primera Instancia Javier Bottero. En la misma, la fiscal Gabriela Lema procedió a relatar los hechos que pesan sobre el acusado.
La representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) detalló que los abusos ocurrieron en un período comprendido "desde junio del año 2022 al 21 de febrero de 2026 aproximadamente". La víctima es su propia hija, aprovechándose el acusado de la inmadurez de la niña y de la convivencia preexistente.
Durante la lectura, Lema explicó que los hechos comenzaron en una vivienda ubicada en barrio Los Nogales. Según expuso, el hombre hacía que la menor se acostara junto a él para realizarle tocamientos. Posteriormente, los abusos escalaron a accesos carnales.
Sometimiento y mudanza
La fiscal precisó que las violaciones iniciaron cuando la menor tenía 12 años, aprovechando los momentos en que la madre se iba a dormir. La niña llegó a manifestarle "que tenía miedo de quedar embarazada", a lo que el agresor respondía con falsas garantías para consumar el acto.
En noviembre de 2024, el grupo familiar se mudó. Las agresiones continuaron en este nuevo domicilio, incluyendo episodios violentos donde "la sujetó fuertemente con su brazo, impidiendo que esta se moviera".
Calificación penal y evidencias
El último hecho registrado ocurrió el 21 de febrero de 2026 en el living de la vivienda familiar. La Dra. Lema enmarcó todas estas conductas señalando "la desigualdad de poder al que el hombre sometió a la menor". Cabe destacar que la abogada Cristina Fortunato interviene como querellante.
Los delitos atribuidos se califican como abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal reiterado, agravados por el vínculo y la convivencia. Además, se le imputa la "promoción a la corrupción de menores".
Entre las evidencias presentadas por la fiscalía se enumeran: la denuncia original de la madre, exámenes médicos de la víctima y actas de secuestro de teléfonos celulares. Estos dispositivos contienen "dos archivos multimedia (...) en donde se puede observar el abuso sexual", sumado a múltiples informes de allanamientos.
