En el marco de una extensa jornada de audiencias celebradas este miércoles por la mañana en los Tribunales de Rafaela (de la que Rafaela Noticias pudo participar de manera exclusiva)— se produjo un fuerte cruce entre el juez de Investigación Penal Preparatoria Javier Bottero y la fiscal Lorena Korakis, a partir de la interpretación del proceder del sistema judicial frente a los denominados “reiterantes”.
El término, tal como el Fiscal Regional Carlos Vottero explicó en una nota brindada a este medio, se utiliza para describir a personas que no registran condenas firmes, pero que acumulan varias causas penales abiertas por hechos delictivos, generalmente de menor gravedad. La discusión se dio en un contexto de audiencias imputativas y medias cautelares, donde volvió a ponerse sobre la mesa el uso de la prisión preventiva y de medidas alternativas en este tipo de casos.
El contexto fue que se hoy se llevó al banquillo de los acusados a Fausto Segovia y Nicolás Barrios, dos sujetos con un extenso prontuario por hechos de robo y hurto y que ya pasaron reiteradas veces por la sala de audiencias, siempre por hechos menores y les aplican prisiones preventivas temporales o medidas alternativas: ambos a modo de ejemplo, la última vez se le había impuesto como medida el de no cometer nuevos delitos.
“Con los reiterantes no hacemos cese de aprehensión: quedan detenidos y los llevamos a audiencia”
Según planteó el magistrado, desde el Ministerio Público de la Acusación no existiría un “proceder correcto” respecto de este tipo de imputados. En su argumentación, Bottero señaló que, en numerosos casos, los fiscales imputan varios delitos en una misma audiencia y solicitan medidas cautelares, pero luego no avanzan con la presentación de la acusación formal dentro de los plazos legales previstos y aún con delitos en los que no hay mayores complejidades (por ejemplo, aparece el imputado filmado cometiendo el hecho o fue detenido en flagrancia, como ocurrió hoy).
Al vencerse esos plazos sin que se haya formalizado la acusación, los jueces se ven obligados a disponer la libertad de los imputados, dado que ninguna persona puede permanecer privada de su libertad de manera indefinida o sin que el proceso avance hacia la instancia de juicio. De acuerdo con la postura del juez, tras recuperar la libertad, estos imputados vuelven a cometer delitos y, ante nuevos hechos, los fiscales retoman causas anteriores para solicitar nuevamente la prisión preventiva, invocando incumplimientos de medidas previas. Para Bottero, este mecanismo genera un “círculo” que se repite sin que las causas lleguen a una resolución de fondo.
La fiscal Korakis rechazó ese planteo y defendió el accionar del Ministerio Público de la Acusación. En su intervención, sostuvo que en no pocos casos la acusación sí fue presentada en tiempo y forma, y que aun así son los jueces quienes disponen la libertad de los imputados. En ese sentido, remarcó que la decisión final sobre el mantenimiento o no de una prisión preventiva corresponde al Poder Judicial, aun cuando la Fiscalía haya cumplido con los pasos procesales exigidos.
El intercambio dejó expuesta una tensión que atraviesa al sistema penal santafesino: la dificultad para abordar situaciones de reiteración delictiva en personas que no cuentan con condenas previas, en un marco legal que establece la prisión preventiva como una medida excepcional y sujeta a estrictos requisitos. El Código Procesal Penal de Santa Fe no contempla la “reiterancia” (si la reincidencia) como una categoría autónoma que habilite, por sí sola, la privación de la libertad, lo que limita las herramientas disponibles frente a este tipo de situaciones.
Reiterantes, reincidentes y el mito de la puerta giratoria: por qué unos van presos y otros quedan libres
Durante la jornada, el debate no se centró en un caso puntual (pese a que se dio en el marco de dos audiencias contra estos denominados “reiterantes”), sino en una práctica que, según las partes, se repite con frecuencia en la dinámica cotidiana de las audiencias. Mientras desde el estrado se cuestionó la falta de avance hacia la etapa de acusación como condición necesaria para sostener medidas cautelares más gravosas, desde la Fiscalía se remarcó que el sistema impone límites claros y que muchas decisiones de excarcelación responden a criterios judiciales sobre plazos, proporcionalidad y expectativa de pena.
El cruce, poco habitual por su tono y por darse en audiencia pública, volvió a poner en discusión el equilibrio entre las garantías constitucionales de los imputados, la necesidad de dar respuestas ante delitos reiterados y las capacidades operativas del sistema judicial para llevar las causas a juicio en plazos razonables.
El debate no tuvo (ni va a tener) derivaciones institucionales concretas, pero dejó al descubierto una problemática estructural que atraviesa a la Justicia penal: cómo abordar legalmente la reiteración de delitos, en una constante tensión entre lo que la ley dice y permite hacer; y lo que la sociedad espera respecto a la problemática de la inseguridad.
