Lucas Acosta, de 34 años, permanecerá en prisión preventiva por el plazo de 90 días, acusado de haber participado en un violento robo ocurrido el pasado 20 de abril en la vivienda del periodista rafaelino Guillermo “Willy” Bersano. Así lo resolvió este miércoles el juez Gustavo Bumaguin, durante una audiencia realizada de manera remota en los Tribunales de Rafaela.
La medida fue solicitada por el fiscal Juan Manuel Puig, quien imputó a Acosta por el delito de robo calificado, en carácter de autor. De acuerdo a la acusación, alrededor de las 5:30 de la madrugada del 20 de abril, el sospechoso y un cómplice aún no identificado habrían forzado la puerta de ingreso al domicilio de Bersano, ubicado en barrio Italia, para robar. Según detalló el fiscal, Acosta portaba un arma blanca con la que amenazó al propietario y sustrajo dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y hasta una rosca de pascua.
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Un intento de fuga y nuevos elementos
El Ministerio Público de la Acusación también vinculó a Acosta con un episodio ocurrido al día siguiente del asalto. Según lo relatado en la audiencia, agentes de Infantería intentaron identificar a los ocupantes de un vehículo sospechoso que se detectó durante un patrullaje preventivo en la zona de Marini y Champagnat. Al acercarse para identificar el vehículo, los ocupantes huyeron a pie. Uno de ellos, identificado por testigos como “el gordo Acosta”, habría efectuado disparos contra los agentes antes de escapar por un pasillo.
A partir de este hecho, la Policía de Investigaciones (PDI) inició tareas de análisis de cámaras y entrevistas, lo que permitió vincular al acusado con ese episodio y con otros hechos delictivos registrados en la ciudad. Aunque ello no fue imputado hoy, la investigación lo ubica como sospechoso en causas de robo en grado de tentativa, robo calificado y amenazas.
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Argumentos de la defensa
La defensa técnica de Acosta estuvo a cargo de la abogada Amalia Cassina, del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal. Durante la audiencia, la letrada cuestionó la solidez de las pruebas aportadas por la fiscalía, especialmente las imágenes de videovigilancia y una rueda de reconocimiento, las cuales —según sostuvo— no permitirían una identificación concluyente del acusado.
Pese a estos planteos, el juez Bumaguin resolvió hacer lugar al pedido del fiscal, aunque dispuso que la prisión preventiva tenga un plazo de 90 días. En su resolución, señaló que, si bien existen indicios de participación, las pruebas aún no resultan lo suficientemente robustas como para justificar una medida más extensa. Además, instó al Ministerio Público a profundizar la investigación en ese lapso.
