El juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, se refirió al debate nacional sobre la baja de la edad de imputabilidad y sostuvo que la legislación vigente en Argentina “tiene 45 años de antigüedad” y se encuentra claramente desactualizada frente a los estándares internacionales y la realidad social actual.
En diálogo con Radio Mitre Santa Fe, Alurralde remarcó que numerosos países de la región ya avanzaron en reformas similares. “En Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay y Perú la edad de imputabilidad es de 14 años, en Brasil es de 12, y en gran parte de Europa también se fija en los 14 años”, explicó. En ese sentido, consideró que el tema debe ser debatido en el Congreso con una mirada amplia y responsable.
Encierro, pero con instituciones especializadas
El magistrado aclaró que los proyectos que se analizan no plantean que los adolescentes sean alojados junto a adultos, sino en institutos especializados o espacios separados, con personal capacitado y un enfoque educativo y formativo. “Una cosa no excluye a la otra: se puede debatir la baja de imputabilidad y, al mismo tiempo, establecer medidas tutelares adecuadas”, sostuvo.
Alurralde fue enfático al señalar que no se puede permitir la impunidad en casos graves. “No estamos hablando de hurtos o robos menores, sino de delitos graves, como homicidios, lesiones graves o reiteración delictiva, incluso a muy corta edad”, afirmó.
Desde su experiencia judicial, el juez consideró que los menores comprenden la gravedad de ciertos actos. “Antes de los 16 años las personas saben lo que está bien y lo que está mal. Quitar una vida es algo que se aprende desde muy pequeño que no se debe hacer”, indicó.
Sin embargo, también puso el foco en el contexto social y familiar. “Nadie se forma solo. La educación, la salud y la contención familiar son parte de un proceso colectivo. Hay chicos que no tuvieron esas oportunidades, y ahí el Estado tiene que intervenir”, explicó. Para Alurralde, esa intervención debe ser temprana, tutelar y acompañada de educación, asistencia social y tratamiento terapéutico.
“El encierro por sí solo no soluciona el problema. Si se encierra a un menor y se lo olvida durante años, eso no sirve. Tiene que haber un régimen penal juvenil integral”, advirtió.
No legislar por reacción
Consultado sobre si el sistema judicial está preparado para juzgar a adolescentes más jóvenes, Alurralde señaló que el desafío es de todos los poderes del Estado. “No hacer nada porque no estamos preparados no soluciona el problema. Las leyes deben anticiparse a las necesidades sociales, no dictarse a los golpes después de hechos trágicos”, sostuvo.
Finalmente, el juez reafirmó su visión reformista del derecho y destacó la necesidad de modernizar el sistema judicial, incorporando lenguaje claro, nuevas tecnologías, inteligencia artificial y una gestión eficiente, como parte de una Justicia acorde a los tiempos actuales.
