El eterno debate sobre qué hacer con los delincuentes comunes que cometen delitos de poca cuantía, en general impulsados por su necesidad de hacerse de dinero rápido para adquirir drogas y todos en situación de alta vulnerabilidad social, pero que ingresan una y otra vez a las comisarías, volvió a quedar de manifiesto en la mañana de este domingo en Rafaela. En este caso quien estuvo en el banquillo de los acusados fue un tal Marcelo Ledesma. Trabajador informal en una chacarita, sin domicilio fijo porque se encuentra en situación de calle. Llegó a la audiencia presidida por el juez Gustavo Bumaguin con huellas visibles de que su arresto no fue pacífico: la abogada defensora Georgina Allasia la consideró "ilegal" por haber sido practicado de forma muy violenta. Bumaguin no hizo lugar a ese primer reclamo para que Ledesma recuperara la libertad. Los hechos atribuidos   La fiscal Analía Abreu describió los hechos. El primero, una sustracción de cables desde un carro en la vía pública, en la zona de Bolllinger y Champagnat, donde alcanzó a ser detectado por la GUR y perseguido a través de las cámaras del Centro de Monitoreo. El segundo, el robo de un pasacasete de una Citroën Xsara que estaba estacionada en la calle. Abreu lo imputó por robo y robo en grado de tentativa. Hubo un debate sobre la calificación legal de los hechos: ¿fueron hurtos? ¿o robos, porque se violentaron medidas de seguridad? La cuestión devino en abstracta porque a la hora de analizar los requisitos para dictar una prisión preventiva o medidas alternativas -la segunda opción era viable teniendo en cuenta la poca cuantía de los delitos que se le atribuyeron al imputado-, Bumaguin tuvo en cuenta que las víctimas, más allá de la calificación del delito atribuido sí sufrieron un daño gravoso. Y además hubo otro dato que pesó: Ledesma ya se encontraba cumpliendo medidas alternativas y de hecho tiene sobre sus espaldas la atribución de otros 22 hechos delictivos, por lo que entra en la categoría de "reiterante". Por qué quedó preso Pese a que por esos hechos no tiene condenas todavía, Bumaguin estimó que en etapa de la investigación existen elementos suficientes como para presumir que Ledesma será condenado en algún momento a una pena de prisión efectiva; que además no manifiesta intenciones de cumplir con las medidas alternativas; y que su libertad puede constituir un peligro para la continuidad de los procesos. Además, tampoco tiene arraigo. Finalmente, el magistrado dispuso una prisión preventiva por 60 días. Todo indica que cuando dentro de dos meses Ledesma vuelva a la libertad, su situación personal no cambiará en lo sustancial: las razones que lamentablemente lo llevaron a incursionar repetidamente en el delito común.
