El Gobierno de Santa Fe siguió adelante este fin de semana con las notificaciones a familiares de los alumnos identificados como autores de las amenazas en las escuelas de la provincia, en el marco de una acción patrimonial y administrativa destinada a recuperar los gastos ocasionados por los operativos. La medida contempla la identificación de los adultos responsables y la posterior intimación de pago por los costos de cada intervención. Con un resarcimiento superior a los 36 millones de pesos, las notificaciones se cursaron entre viernes y sábado en los departamentos San Lorenzo, La Capital, General Obligado, San Javier, Las Colonias y San Martín.   “¿Qué hiciste, no te da vergüenza?”, increpó una abuela a su nieto cuando personal de la Policía de Santa Fe llegó al domicilio y la notificó de que debían abonar la suma de 5.802.007 pesos por el recupero de los costos operativos. Las notificaciones detallan el monto de la deuda y los medios de pago, con la expectativa de que los responsables asuman voluntariamente las consecuencias del hecho cometido por sus hijos, en la mayoría de los casos. El plazo para abonar es de cinco días. Vencido ese término los antecedentes se giran a la Fiscalía de Estado. “No es broma; es un delito. Y no es ni un peso más ni un peso menos que el costo exacto de cada operativo”, explicó el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.   Entre viernes y sábado fueron un total de 11 notificaciones cursadas, por un total de 36.018.361 pesos, tras la primera realizada días atrás en la ciudad de Santa Fe. “A medida que la Fiscalía valida las identidades -sean mayores o menores, punibles o no- se identifica a los responsables y automáticamente se emiten las intimaciones”, añadió Cococcioni.   Se trata de una indemnización civil por el resarcimiento del daño, ajena a cualquier sanción penal. “No es una multa ni una pena: es una deuda civil que se ejecuta conforme al Código Civil y Comercial y al Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, lo que permite, por ejemplo, embargar sueldos o inhibir bienes”, indicó el funcionario. Los montos son variables y se calculan en función de los recursos policiales afectados en cada operativo: combustible, vehículos, brigadas especializadas -como las de explosivos- y horas de servicio.
