El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe aprobó un protocolo destinado al recupero y resarcimiento de gastos ocasionados al Estado Provincial por hechos de violencia, amenazas y conductas de riesgo en instituciones educativas y espacios de socialización juvenil.
La medida, rubricada por el titular de la cartera, Pablo Cococcioni, busca desalentar la activación indebida de dispositivos de seguridad y emergencia. Según detalló el funcionario, un operativo básico derivado de una amenaza escolar tiene un costo estimado entre $5 y 6 millones.
El procedimiento administrativo
La Subsecretaría de Legal y Técnica, a cargo de Blanca Diakaki, elaboró el instrumento que establece un circuito administrativo para la identificación, cuantificación y reclamo de los gastos.
El proceso inicia con la recepción ministerial de la comunicación del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Se individualizará a los responsables, incluyendo datos de autores, partícipes, adultos responsables y sus domicilios.
Posteriormente, la Secretaría de Coordinación Técnica y Administración Financiera determinará los costos operativos, mientras que el Departamento de Operaciones Policiales (D-3) evaluará la complejidad del operativo y los recursos humanos y materiales afectados.
Intimación y judicialización
Con la documentación reunida, se conformará un legajo administrativo por cada hecho, que servirá de prueba en sede judicial. El área legal procederá a realizar la intimación de pago a los responsables en un plazo perentorio de cinco días.
Las notificaciones serán ejecutadas por personal policial para garantizar la celeridad del proceso. En caso de incumplimiento, se librarán las instrucciones correspondientes a la Fiscalía de Estado para iniciar las acciones judiciales.
