En una conferencia de prensa brindada este martes, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció una serie de reformas profundas al régimen migratorio argentino, en línea con el nuevo enfoque de la administración de Javier Milei. Adorni señaló que en los últimos 20 años ingresaron al país alrededor de 1.700.000 inmigrantes irregulares, una cifra que equiparó con la población de La Matanza o la provincia de Tucumán. “Argentina ha sido demasiado permisiva”, afirmó, y aseguró que la normativa actual permite el ingreso de personas condenadas por delitos menores a tres años de prisión. Uno de los ejes centrales de las medidas será la expulsión inmediata de extranjeros condenados por delitos, sin importar la pena. “Con la norma vigente, cualquier inmigrante condenado por un delito con pena menor a cinco años puede seguir viviendo en la Argentina para peligro de todos”, subrayó. Entre los delitos mencionados figuran abuso sexual simple, hurto, robo, usurpación, encubrimiento, y resistencia a la autoridad, entre otros. Conferencia de prensa de Manuel Adorni -     repeat play pause stop mute un mute Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.   También apuntó contra el uso del sistema sanitario por parte de personas que ingresan al país exclusivamente para atenderse y luego regresan a sus países de origen. Según datos del Gobierno, solo en ocho hospitales nacionales se gastaron $114.000 millones en la atención a extranjeros durante el último año. A partir de los nuevos lineamientos, todo extranjero condenado por un delito será deportado, y se acortarán los plazos de apelación en los procesos de expulsión. Además, quienes ingresen irregularmente por pasos no habilitados serán rechazados de forma inmediata. Otra medida destacada es que los residentes transitorios y temporales deberán pagar por los servicios de salud, y los nuevos ingresantes al país deberán presentar un seguro médico que garantice esa capacidad de pago. A su vez, las universidades nacionales podrán comenzar a cobrar por sus servicios a extranjeros, si así lo disponen, respetando la autonomía universitaria. En cuanto al acceso a la ciudadanía, solo será otorgada a quienes residan de forma continua durante al menos dos años en el país, sin abandonarlo. Los extranjeros que permanezcan de forma irregular no podrán acceder a este derecho, como sucedía hasta ahora. “El que las hace, las paga”, remarcó Adorni. Y concluyó con una reflexión sobre el espíritu de la reforma: “Queremos seguir recibiendo a quienes vienen a construir un país más libre y más próspero, pero también tener la firmeza para expulsar a quienes incumplen las normas”. Estas reformas forman parte del nuevo paradigma impulsado por el Gobierno Nacional, que busca controlar el ingreso y permanencia de extranjeros en el país bajo criterios más estrictos de legalidad y reciprocidad.
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