Juan Manuel Lovaiza

La Sala 4 de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de Rafaela fue escenario de una resoluci&oacute;n que modifica sustancialmente la situaci&oacute;n procesal de Ezequiel David Acosta (32) y Daiana Sabrina Torres (29). Ambos se encontraban bajo prisi&oacute;n preventiva luego de ser detenidos en un allanamiento que, parad&oacute;jicamente, no tenía como objetivo inicial la búsqueda de estupefacientes, sino la investigaci&oacute;n de un homicidio en el barrio 2 de Abril. Los agravios de la defensa: &iquest;Comercio o consumo? El debate central de la audiencia gir&oacute; en torno a la "ultrafinalidad" del delito. Los abogados defensores, el Dr. Juan Manuel Lovaiza (por Acosta) y la Dra. Amalia Cassina (por Torres), sostuvieron que el Ministerio P&uacute;blico de la Acusaci&oacute;n (MPA) no logr&oacute; acreditar que la droga hallada estuviera destinada a la venta. La defensa hizo hincapié en que en el domicilio de los imputados no se secuestraron elementos t&iacute;picos del fraccionamiento, como balanzas de precisi&oacute;n, anotaciones o recortes de nailon. "La cantidad no era menor, pero eso es una apreciaci&oacute;n personal sin sustento cient&iacute;fico", argument&oacute; Lovaiza, rebatiendo el fallo de primera instancia. Por su parte, la Dra. Cassina enfatiz&oacute; la situaci&oacute;n de adicci&oacute;n de su defendida, explicando que la tolerancia a la sustancia suele justificar la tenencia de cantidades superiores para consumo personal. Otro punto de fricci&oacute;n fue el arma de fuego secuestrada. La defensa cuestion&oacute; su aptitud para el disparo inmediato, señalando que se trataba de un arma de uso civil que requer&iacute;a acciones espec&iacute;ficas para detonar. La postura de la Fiscal&iacute;a y el cuestionamiento del Juez La fiscal Analia Abreu solicit&oacute; la confirmaci&oacute;n de la preventiva, basándose en la cantidad de material hallado (coca&iacute;na y marihuana) y en presuntos incumplimientos previos de las medidas alternativas por parte de los imputados. Adem&aacute;s, mencion&oacute; el temor de los vecinos a declarar por posibles represalias. Sin embargo, el Dr. Mat&iacute;as Drivet fue contundente en sus fundamentos al resolver la revocaci&oacute;n. El juez señal&oacute; que, transcurridos cinco meses, no se han producido nuevos elementos de prueba que vinculen a la pareja con la comercializaci&oacute;n m&aacute;s all&aacute; del hallazgo fortuito inicial. "Ni la suma de dinero ni la droga es gran cantidad", afirm&oacute; el magistrado, resaltando la falta de razonabilidad para mantener la medida m&aacute;s extrema. Respecto a los riesgos procesales, Drivet determin&oacute; que no hay elementos concretos que indiquen una voluntad de entorpecimiento probatorio por parte de Acosta o Torres. Libertad con restricciones Tras revocar la prisi&oacute;n preventiva, el juez dispuso la libertad de ambos bajo estrictas medidas alternativas: Daiana Torres: Deber&aacute; fijar domicilio bajo la guarda de su padre. Tiene prohibido el contacto con testigos y el ingreso al barrio 2 de Abril, adem&aacute;s de presentarse quincenalmente ante la sede policial. Ezequiel Acosta: Fij&oacute; domicilio bajo la guarda de su progenitor. Deber&aacute; firmar semanalmente en la comisar&iacute;a de su jurisdicci&oacute;n y tiene prohibido el contacto con testigos del proceso. Un punto destacado del fallo fue la inclusi&oacute;n de un compromiso voluntario para ambos imputados: someterse a un abordaje terap&eacute;utico para sus adicciones, debiendo quedar constancia de dicho tratamiento en el legajo judicial. Con esta resoluci&oacute;n, la causa continuar&aacute; su curso con los imputados en libertad, a la espera de que la fiscal&iacute;a produzca nueva informaci&oacute;n que pueda, eventualmente, modificar nuevamente su situaci&oacute;n procesal.

Juan Manuel Lovaiza

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