El conflicto gremial en el Correo Argentino alcanzó niveles de tensión críticos durante la última semana de abril, proyectando una sombra de incertidumbre sobre la operatividad en toda la región. Si bien la sucursal de Rafaela se mantuvo al margen de la ola de telegramas de despido que sacudió a otras dependencias, el impacto en su logística fue inmediato y contundente debido a la crisis estructural en el centro de distribución regional. En la ciudad de Santa Fe, la situación se tornó insostenible tras confirmarse un total de 53 despidos, en lo que desde la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) definieron como una "metodología sanguinaria". El golpe más duro lo recibió la planta logística de la capital provincial: de una dotación de 70 trabajadores, 40 fueron cesanteados, lo que dejó a la unidad prácticamente sin capacidad operativa y en un estado de parálisis técnica. Esta desarticulación del nodo central afectó directamente a Rafaela. La planta santafesina, encargada del procesamiento de los envíos, quedó abarrotada de pallets con encomiendas que no pudieron ser procesadas a tiempo. Como consecuencia de este cuello de botella, el flujo hacia la sucursal rafaelina sufrió una merma drástica: el arribo habitual de cuatro pallets diarios se redujo a tan solo uno, demorando entregas que ya deberían haber llegado a destino. A nivel nacional, el panorama no fue más alentador, ya que se reportó una reducción de la plantilla que pasó de 18.000 a unos 11.000 empleados en los últimos años. En este contexto de ajuste, los trabajadores que permanecieron en sus puestos denunciaron salarios "al borde de la indigencia" y una sobrecarga de tareas para intentar sostener un servicio que, ante la masividad de los despidos, se volvió "inoperable".
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