El subsecretario de Análisis Criminal del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, Sebastián Montenotte, dialogó con Rafaela Noticias y brindó detalles sobre cómo se llevan adelante los procedimientos.

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El funcionario fue enfático al remarcar que las amenazas no son un juego.

En medio de la seguidilla de amenazas en establecimientos educativos de Rafaela y la región, el subsecretario de Análisis Criminal del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, Sebastián Montenotte, dialogó con Rafaela Noticias y brindó detalles sobre cómo se llevan adelante las investigaciones y qué medidas se están aplicando para frenar estos hechos.

“Tenemos una cantidad muy importante de llamadas y amenazas en toda la provincia. Solo hasta el martes teníamos unas 150 y el miércoles se sumaron alrededor de 60 más”, explicó el funcionario, quien reconoció que el fenómeno ya no es aislado y se replica en distintos puntos del territorio.

 

 

 

 

Un protocolo que se activa ante cada amenaza

 

 

 

Montenotte fue claro al señalar que cada situación es tomada con máxima seriedad. “Ante cada incidencia se comisionan móviles de inmediato para verificar la entidad de la amenaza. Es un protocolo que vamos a seguir aplicando hasta que esto deje de existir”, sostuvo.

El objetivo, explicó, es doble: por un lado, determinar si la amenaza es verosímil y, por otro, llevar tranquilidad a la comunidad educativa. “Genera una conmoción muy grande en las escuelas y tenemos que actuar rápidamente”, agregó.

 

 

 

Consultado sobre los mecanismos de investigación, el subsecretario detalló que existen distintas líneas de trabajo según el origen de la amenaza.

“Muchas se hacen por medios electrónicos, entonces ahí trabajamos sobre los dispositivos. Pero también hay testimonios: personas que vieron algo, que escucharon comentarios o que identifican a los autores”, indicó.

En ese sentido, remarcó la importancia de la colaboración social: “Hay un aporte muy importante de padres, alumnos e instituciones. Cada vez hay más conciencia de que no es una broma, sino un delito”.

Además, advirtió que incluso los mensajes que circulan en redes sociales dejan huellas: “Hay un rastro digital que nos permite avanzar en la identificación de los responsables. Por eso recomendamos no difundir este tipo de contenidos”.

 

 

 

 

Allanamientos, secuestros y personas identificadas

Sin dar precisiones sobre casos puntuales para no entorpecer las investigaciones, Montenotte confirmó que ya hay avances concretos: “Tenemos al menos siete personas identificadas, algunas ya fueron puestas a disposición de la Justicia y se realizaron allanamientos con secuestro de material informático y de comunicación”. También subrayó que, en muchos casos, los involucrados son menores de edad, lo que implica un tratamiento especial en términos legales y de resguardo de identidad. El funcionario fue enfático al remarcar que las amenazas no son un juego. “Se trata de delitos como amenaza e intimidación pública, y vamos a hacer caer todo el peso de la ley”, afirmó.

En esa línea, adelantó que la Provincia avanzará también en el recupero de los costos de los operativos: “Cada despliegue puede costar entre 5 y 6 millones de pesos. Se van a iniciar acciones civiles para que los padres respondan por los hechos de sus hijos”. Además, advirtió sobre las consecuencias a futuro: “Queda un antecedente penal que puede afectar la posibilidad de conseguir trabajo o incluso de obtener una visa para viajar”.

 

 

 

Otro de los puntos abordados fue la aparición de réplicas o armas de juguete en algunas escuelas. “Si se utilizan para amenazar, la responsabilidad es la misma. El miedo que genera en la víctima es real, y eso configura el delito”, explicó. Por este motivo, confirmó que en todos los casos se aplica el mismo protocolo de intervención y se evalúa la situación en el marco de la investigación judicial.

Un fenómeno en evaluación

Si bien en los últimos días se registró un leve descenso en la cantidad de amenazas, desde el Ministerio de Seguridad consideran que aún es prematuro hablar de una tendencia. “Creemos que esto va a empezar a disminuir cuando se conozcan los casos esclarecidos y las sanciones. Ya hay menores enfrentando procesos penales”, concluyó Montenotte. Mientras tanto, las autoridades insisten en un mensaje claro: no se trata de bromas, sino de delitos con consecuencias reales que impactan de lleno en la vida escolar y en toda la comunidad.

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