En una audiencia realizada este martes 14, la Cámara de Apelaciones de Ejecución Penal volvió a rechazar el pedido de libertad condicional de Miguel Alberto Olivares, uno de los condenados por la denominada “gran estafa” en perjuicio de las firmas Sucesores de Alfredo Williner y Las Taperitas. La resolución fue dictada por el juez Dr. Mario Javier Guedes, quien no hizo lugar al recurso de apelación presentado por la defensa y confirmó lo resuelto en primera instancia el pasado 26 de febrero, cuando ya se había denegado el mismo beneficio. De esta manera, se trata de la segunda vez que la Justicia le niega la libertad condicional al imputado, manteniendo los mismos argumentos que ya habían sido considerados en la audiencia anterior. Judiciales 26 de Febrero de 2026 La "gran estafa" a Las Taperitas y Williner: ¿por qué no obtuvo libertad condicional uno de los condenados?     Argumentos que se repiten     Durante la audiencia, la defensa —a cargo del Dr. Adrián Rocca— insistió en que Olivares reúne las condiciones para acceder al beneficio, destacando su conducta y concepto “ejemplar” dentro del Servicio Penitenciario y cuestionando con dureza los informes técnicos. En ese sentido, el abogado sostuvo que los dictámenes, especialmente el psicológico, resultan “arbitrarios” y no analizan correctamente la situación individual del condenado. Además, planteó interrogantes sobre qué tipo de manifestaciones se esperan para considerar que existe arrepentimiento, asegurando que su defendido sí reconoce el hecho y se muestra arrepentido. También volvió a poner el foco en la situación de salud del imputado, señalando que presenta complicaciones físicas, dificultades de movilidad y falta de atención médica adecuada, lo que —según argumentó— debería ser considerado para otorgar la libertad condicional. Sin embargo, tanto la Fiscalía como la querella mantuvieron una postura coincidente con la adoptada en febrero. El fiscal Dr. Guillermo Loyola solicitó confirmar la resolución, remarcando que el rechazo se encuentra debidamente fundado en los informes del Organismo Técnico Criminológico. En particular, hizo hincapié en el posicionamiento “fluctuante” del condenado frente al delito, señalando que por momentos minimiza su accionar o intenta justificarlo, lo que evidencia una insuficiente elaboración subjetiva. En la misma línea, el querellante Dr. Carlos Farías Demaldé sostuvo que el informe es claro al advertir que no existe una reflexión adecuada sobre el daño causado, por lo que consideró “prematura” la concesión del beneficio. Además, cuestionó que los planteos sobre salud no estén respaldados por documentación médica incorporada al expediente. La decisión de la Cámara Al momento de resolver, el juez Guedes ratificó el criterio de primera instancia y volvió a respaldar el peso de los informes técnicos, concluyendo que no están dadas las condiciones para acceder a la libertad condicional. No obstante, el magistrado dispuso algunas recomendaciones al Servicio Penitenciario, entre ellas que se incorpore al interno a espacios de reflexión sobre el delito y sus consecuencias, y que en futuros informes se detallen con mayor precisión aspectos vinculados a su estado de salud. Con este nuevo rechazo, Olivares continuará cumpliendo su condena de tres años de prisión efectiva en la Unidad Penitenciaria de Coronda, en el marco de una causa que investigó una millonaria maniobra fraudulenta contra las firmas lácteas. La causa Olivares fue condenado el 13 de febrero del año pasado en el marco de la investigación que determinó que, entre el 2 y el 23 de enero, mediante maniobras que incluyeron hacerse pasar por integrantes del directorio y utilizar documentos adulterados, la organización logró acceder a cuentas bancarias de las empresas y transferir más de 170 millones de pesos. La maniobra quedó al descubierto tras una compleja investigación que incluyó análisis de sistemas informáticos, cámaras de seguridad, movimientos bancarios y cruces telefónicos. Por el mismo caso ya fue condenado también Marcelo Castro, sindicado como uno de los responsables de presentarse en una sucursal bancaria en la provincia de Buenos Aires fingiendo ser representante legítimo de las firmas para modificar claves de homebanking y tarjetas de coordenadas. La investigación involucró a cerca de 45 personas acusadas de integrar la organización. Con esta resolución, Olivares continuará detenido en Coronda, mientras la causa principal sigue su curso respecto del resto de los imputados.